Un año de la nueva Corte: qué cambiaron los números y qué sigue igual para el litigante

La semana del 7 de septiembre de 2026, el presidente de la Suprema Corte Hugo Aguilar Ortiz rindió informe ante la presidenta Sheinbaum: 15,051 expedientes procesados, 13,231 resueltos, 2,640 por el Pleno en el primer año de la Corte renovada. El dato de fondo que interesa a quienes litigan ante ella: la nueva Corte resolvió 35% menos asuntos que la anterior — 229 proyectos por ministro frente a 289 — con dos ministros menos (9 en vez de 11) y una asistencia a sesiones públicas que cayó a menos del 10% de los inscritos.

Qué explica la reducción

La integración con nueve ministros implica, aritméticamente, menos ponencias distribuidas. A eso se suman los meses iniciales de adaptación institucional, la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes y la carga heredada de la Corte saliente. La reducción no es necesariamente señal de menor eficiencia: la nueva Corte también recibió un número diferente de asuntos nuevos. El indicador más útil para el litigante no es el total resuelto sino el tiempo promedio de resolución por tipo de asunto — dato que el informe no desglosó públicamente.

Lo que cambia para quien tiene asuntos pendientes

Con la reducción de ministros y el volumen heredado, los amparos en revisión ante la Corte pueden experimentar mayor latencia, especialmente los que no entran en los criterios de prioridad. El litigante con asuntos en lista de espera debe considerar si la cuestión constitucional que plantea encaja con los temas que la nueva Corte ha señalado como prioritarios — actualmente: prisión preventiva, reforma judicial y derechos indígenas, entre otros — o si corresponde acelerar la resolución en el circuito.

Consecuencias prácticas para litigantes

• Revisar periódicamente la lista de acuerdos de la SCJN para detectar si un asunto fue agendado, regresado a ponencia o sobresido.
• En casos con urgencia, valorar si la queja administrativa o la denuncia de repetición del acto pueden acelerar la atención.
• El porcentaje de asistencia a sesiones públicas (<10%) sugiere que la dinámica de debate oral en el Pleno es menor — los proyectos de resolución circulan con peso determinante antes de la sesión.
• Aguilar Ortiz defendió la autonomía del PJ en el informe. Ese posicionamiento institucional puede ser relevante en asuntos donde el acto reclamado tenga connotación política.