Prisión preventiva oficiosa: el choque entre la Constitución mexicana y la Corte Interamericana que la SCJN no ha resuelto

La prisión preventiva oficiosa — la que el juez dicta de manera automática para ciertos delitos del catálogo constitucional, sin valorar el caso individual — es el tema más candente que la Suprema Corte tiene en su mesa y no ha resuelto. El asunto se pospuso de diciembre de 2025 a 2026; en marzo de 2026, 600 firmas exigieron audiencia pública. A septiembre, sigue sin criterio definitivo. El choque es el más claro que existe entre la Constitución mexicana y las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Lo que dice la Corte Interamericana

La Corte IDH ha calificado la prisión preventiva oficiosa como una forma de castigo anticipado que viola el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana. El argumento es directo: si la detención es automática por el tipo de delito imputado — no por el riesgo de fuga o de obstaculización del proceso en el caso concreto — entonces el Estado está sancionando antes de condenar. El artículo 19 constitucional, en cambio, la autoriza expresamente para un catálogo de delitos.

El dilema de la SCJN

La Corte tiene dos opciones: declarar inconstitucional el artículo 19 en la parte que prevé la prisión preventiva oficiosa — lo que choca frontalmente con la reforma constitucional que lo introdujo en 2019 — o reinterpretar el precepto de forma que, sin declararlo inconstitucional, imponga la obligación de valoración individualizada. Una tercera vía sería diferir indefinidamente, como ha ocurrido desde 2021. La dilación tiene un costo real: miles de personas en prisión preventiva por el solo tipo de delito imputado, con procesos que se extienden años.

Consecuencias prácticas para litigantes en defensa penal

• Mientras la SCJN no resuelva, la estrategia de invocar la Convención Americana directamente en juicio oral o en amparo sigue siendo el argumento más sólido disponible, aunque su éxito depende del criterio del tribunal.
• El control de convencionalidad ex officio es obligación de todo juez desde el caso Radilla — argumentarlo ante el juez de control que dicte la prisión preventiva es el primer frente.
• En amparos en revisión sobre este tema, la estadística importa: el TS o el PFR puede ejercer control difuso si la SCJN no ha emitido criterio vinculante en el sentido opuesto.
• Si la Corte resuelve en el sentido de la CIDH, habrá una ventana para reabrir casos donde la prisión preventiva fue el único fundamento de la detención durante el proceso.