PRUEBA DOCUMENTAL EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. FORMA EN QUE DEBE DESAHOGARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

No debe confundirse la prueba documental (ya sea pública o privada), que por su especial naturaleza, al ser admitida, presupone su desahogo en la etapa de juicio, con la autentificación o perfeccionamiento hecho exclusivamente a los documentos privados en términos del artículo 361 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor (para el nuevo sistema de justicia penal), pues todo documento admitido como tal presupone su desahogo, al margen de que dicho perfeccionamiento (respecto de los que lo requieran) necesariamente debe satisfacerse ante el Juez del juicio oral en estricto apego al principio de inmediación, sin embargo, una vez admitidas las aludidas documentales, no pueden ser objeto de exclusión, pues ello implicaría ir más allá de lo que se considera razonable, al restaurar prácticamente una posibilidad a favor de una de las partes que ya estaba precluida. Luego, si en la audiencia de preparación la defensa ofreció documentales a fin de que se valoren en el juicio, resulta inconcuso que deben tenerse por desahogadas, con independencia de que obren físicamente desde etapas anteriores del proceso, pues ello no quiere decir que se tengan que volver a presentar físicamente en cada etapa en la que se refieran o mencionen, sobre todo por su carácter documental y especial naturaleza, ya que sería absurdo suponer una "duplicidad" o proliferación física del mismo documento, lo que además sería contrario al carácter de originalidad que debe ser exigible a tal medio de prueba. Por tanto, el ofrecimiento y la admisión de la documental pública en la denominada audiencia intermedia o de preparación de juicio oral, conlleva a su connatural desahogo y a una obligada valoración por parte del Juez del juicio quien, en todo caso, tratándose de documentos preexistentes admitidos como tales por el Juez de Control, debe tomar las medidas pertinentes para asegurarse de tener a la vista aquello sobre lo que inexcusablemente debe ocuparse y valorar, por ser parte del material probatorio legalmente incorporado y ofrecido por la parte interesada, sin que dicha omisión del órgano judicial pueda trasladarse en perjuicio de las partes. Por lo que hace a las pruebas documentales privadas, es claro que el perfeccionamiento o autentificación por parte de los suscriptores o emisores debe verificarse o practicarse ante el Juez del juicio quien, en su caso, debe señalar hora y fecha para tal efecto e incluso, de ser necesario, en términos del artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal proveer lo necesario para facilitar al imputado y su defensa la comparecencia de los suscriptores de dichos documentos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.