PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS BANCARIOS. CORRESPONDE A LA PARTE OFENDIDA ACREDITAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE PARA GENERAR LA HIPÓTESIS DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE CONOCIMIENTO Y EXCLUIR LA DE CINCO DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO.

El artículo 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito relativo al plazo de prescripción de la acción penal en los delitos bancarios, establece dos hipótesis en función a la presentación del requisito de procedibilidad: la primera que señala un plazo de tres años a partir de que el ofendido tenga conocimiento del delito y del delincuente, y la segunda que prevé un término de cinco años computable a partir de la fecha de la comisión del delito cuando la ofendida ignora el hecho delictuoso y su autor. La actualización de una u otra hipótesis dependerá de la certeza que se tenga, en el caso de la primera, de la fecha del conocimiento que del delito y delincuente tuviere la parte ofendida y, en el caso de la segunda, sólo de la fecha de su comisión. En ese contexto, es a la parte ofendida a quien corresponde no sólo aportar esa información, como querellante que es, sino también los medios de prueba necesarios para acreditar la fecha de conocimiento del delito y del delincuente porque es un hecho independiente del de la comisión del delito (materia directa del proceso) que sólo ella puede conocer y que, por sus consecuencias sobre el destino de la investigación, exige que allegue al proceso prueba fehaciente que permita a la autoridad el análisis de las hipótesis de prescripción referidas. De manera que cuando no se tienen pruebas que demuestren la fecha de ese conocimiento y sí la de la comisión del delito a partir de la cual ya han transcurrido cinco años previos a la presentación de la querella, como la prescripción opera por el simple transcurso del tiempo y debe aplicarse de oficio en cualquier grado y estado del proceso, la autoridad que conozca de la respectiva etapa procesal está obligada a decretarla por esa segunda hipótesis que sí se encuentra acreditada, sin que, por esa misma obligación, pueda dilatar la decisión en espera de que se alleguen medios de convicción que acrediten la fecha de conocimiento, pues dicha segunda hipótesis no requiere de esa información para ser operante. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.