CONTRATO CONSIGO MISMO. ES UNA FIGURA PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, EN RESPETO AL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD.

La autocontratación o contrato del representante consigo mismo se entiende como un acto jurídico que una persona celebra consigo misma y en la cual actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra, o como representante de ambas, e incluso con un doble carácter de representación de otros, y consigo mismo; es decir, una de las partes del negocio es él mismo e interviene en su propio nombre y derecho, y otra u otras de ellas actúan representadas por él; la regla general es que se permite todo tipo de contratación que no contravenga la ley ni el orden público y debe atenderse a las prohibiciones expresas que sí existen y que son las siguientes: el artículo 569 del Código Civil para el Distrito Federal prohíbe al tutor adquirir o arrendar para sí o sus parientes, los bienes de sus pupilos al indicar: "Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella puede el tutor comprar o arrendar los bienes del incapacitado, ni hacer contrato alguno respecto de ellos, para sí, sus ascendientes, su mujer o marido, hijos o hermanos por consanguinidad o afinidad. Si lo hiciere, además de la nulidad del contrato, el acto será suficiente para que se le remueva."; en este caso, la ley define el margen de acción del representante, porque predetermina un conflicto de intereses y sanciona al acto que se celebre en ese sentido; el artículo 440 del citado código dispone que: "En todos los casos en que las personas que ejercen la patria potestad tienen un interés opuesto al de los hijos, serán éstos representados en juicio y fuera de él, por un tutor nombrado por el Juez para cada caso."; a contrario sensu, las personas que ejercen la patria potestad sí podrían celebrar consigo mismo con los incapaces cuando éstos se beneficien con el contrato; existe una prohibición para los administradores de bienes ajenos, quienes no pueden aceptar la cesión de algún derecho o crédito contra el incapacitado o comprar los bienes de cuya administración estén encargados, según lo previene el artículo 2280 del mismo ordenamiento; el diverso 2405 cuando se refiere al arrendamiento indica que se prohíbe a los encargados de los establecimientos paraestatales y organismos descentralizados y a los funcionarios y empleados públicos, tomar en arrendamiento los bienes que con los expresados caracteres administren. En ese contexto, sobre el principio de que el gobernado puede realizar todo acto que no esté prohibido expresamente, fuera de esos supuestos específicos regulados en la ley civil, y los que existieran expresamente en otros ordenamientos legales, son válidas las obligaciones surgidas de la autonomía de la voluntad de los contratantes manifestadas expresa o tácitamente, cuando la calidad con la que intervengan está definida y, por ende, quedarán vinculadas y se producirán consecuencias en los patrimonios jurídicos que representen e intervengan en el negocio jurídico de que se trate; y solamente existen casos específicos en los que está prohibida la autocontratación, lo que se justifica para la tutela del patrimonio de los representados o administrados e implica una limitación a las facultades que la ley otorga a los representantes legales o mandatarios; pero no hay una prohibición general para la autocontratación o contrato del representante consigo mismo. Entonces, debe entenderse como permitida por el ordenamiento jurídico, en respeto al principio de la autonomía de la voluntad y por regla general es inadmisible en dos casos: a. Cuando la ley lo prohíba. b. Cuando sea susceptible de generar un conflicto de intereses entre los dos patrimonios representados. En efecto, el autocontrato o contrato del representante consigo mismo tiene como supuesto evidente que una persona no puede desdoblar su personalidad y desconocer lo que conoce como persona física de lo que sabe como representante legal o voluntario, y que puede concurrir en una misma persona la representación de más de una persona; por lo que puede concurrir a un mismo acto con la representación de su patrimonio y el de otra u otros, frente a otros patrimonios o el suyo. Tiene la apariencia de un acto jurídico unilateral, pero en realidad es un acto jurídico bilateral que facilita la relación de patrimonios diversos, en el que sirve de vehículo la figura de la representación, que se basa en una relación de confianza, por virtud de la cual el representante no sólo está obligado a llevar a cabo frente al principal la gestión representativa, sino que está obligado a hacerlo personalmente, dentro de los límites formales del poder, y en donde existe una coincidencia entre la finalidad perseguida por el apoderado en ejercicio del poder con el del representado. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.