MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO SE RECLAMA LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA DE SEGUNDA INSTANCIA, AUN CUANDO IMPLIQUE UNA REAPREHENSIÓN, POR LO QUE EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA RESULTA IMPROCEDENTE Y DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 11, A CONTRARIO SENSU Y 74, FRACCIÓN III, TODOS DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

El agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal en el Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable cuando se reclama la ejecución de una sentencia definitiva condenatoria de segunda instancia porque, como parte en el proceso penal, no es autoridad, aun cuando implicara la reaprehensión del quejoso o su internamiento, pues dicho agente no tiene participación alguna en esa ejecución. En efecto, una vez dictada la sentencia ejecutoria corresponderá al Ejecutivo la ejecución de las sentencias (artículo 507 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas ), y las sanciones privativas de libertad deberán extinguirse en los lugares designados por éste para tales fines (artículo 508 del mismo ordenamiento), teniendo intervención efectiva en la ejecución el director general de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social, así como el director o alcaide del centro reclusorio donde el reo deba ser internado o donde hubiere estado detenido durante la prisión preventiva (artículo 510 del citado código). Ahora bien, cuando proceda la reaprehensión del inculpado, el Juez girará directamente la orden de recaptura correspondiente, pues (como lo dispone el artículo 512 del ordenamiento mencionado) el tribunal de segunda instancia estará obligado a tomar, de oficio, todas las providencias conducentes para que el reo sea puesto a disposición del Ejecutivo, de lo que se sigue que en estos procedimientos tampoco tendrá intervención dicho agente ministerial. La detención o reaprehensión se practicará directamente por agentes policiales o elementos de seguridad de los centros de reclusión por orden directa de la autoridad judicial y sin intervención de los agentes del Ministerio Público que hubieran actuado como partes. Además, conforme al artículo 511 del referido código, al dictarse sentencia en la causa penal, los representantes sociales que intervinieron como partes se limitarán a comunicar por escrito al procurador de justicia el sentido de la resolución pronunciada en los negocios en que hayan intervenido, con el objeto de participar en la formación de la estadística criminal; de lo anterior se concluye que el amparo directo promovido contra los actos reclamados a dichos fiscales procesales resulta improcedente y debe sobreseerse en el juicio respecto de tales actos, en términos del artículo 73, fracción XVIII , en relación con los artículos 11 , a contrario sensu y 74, fracción III , todos de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.