PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL. LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ÉSTOS DEBE DETERMINARSE CONFORME A LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO OBSTANTE QUE EXISTA CAUSA PENAL CONTRA AQUÉLLOS POR LOS MISMOS HECHOS INVESTIGADOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 29 DE MAYO DE 2009).

La tesis P. XV/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 7, de rubro: " RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PUEDE FINCARSE NO OBSTANTE QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN SUJETOS A PROCEDIMIENTO PENAL POR LOS MISMOS HECHOS .", establece que la circunstancia de que un servidor público esté sujeto a un proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión de un delito en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, no impide que se le sancione administrativamente por los mismos hechos, en virtud de que ambas instancias son autónomas y persiguen fines distintos: La administrativa busca la no permanencia del servidor público en el cargo y, en su caso, resarcir el daño causado al Estado, en tanto que la penal castiga el delito cometido. Así, para la suspensión de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de delito doloso o culposo calificado como grave por la ley, resulta aplicable el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República , vigente hasta el 29 de mayo de 2009. En cambio, tratándose del procedimiento administrativo de remoción de los miembros del mencionado servicio, su suspensión temporal debe determinarse conforme a la fracción VII del numeral 64 del citado ordenamiento, antes o después de la celebración de la audiencia de ley, no obstante que exista causa penal contra aquéllos por los mismos hechos investigados. Lo anterior es así, porque al ser distinta la suspensión en el procedimiento administrativo de remoción de la que se prevé tratándose de la investigación y seguimiento de servidores públicos por su presunta participación en los hechos delictivos, en la primera deben aplicarse preferentemente las disposiciones de la norma particular, conforme al principio de especialidad de la ley. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.