PODER OTORGADO ANTE CORREDOR PÚBLICO. ES INEFICAZ PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE QUIEN COMPARECE AL JUICIO LABORAL COMO APODERADO DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL.

De la interpretación del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública , se concluye que la investidura otorgada por el Estado a un corredor público como fedatario le permite ejercer una variada gama de actividades en auxilio de personas, físicas y morales, dedicadas a realizar actos de naturaleza mercantil o comercial, entre las que se encuentra fungir como fedatario en los actos previstos por el primer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles , como lo es el hecho de hacer constar la designación de los representantes legales de las sociedades mercantiles que, de acuerdo con ese párrafo, recaerá en el administrador o administradores, o en quien expresamente se mencione en el contrato relativo; sin embargo, carecen de facultades para dar fe de la delegación de esa representación en apoderados, pues por un lado, el otorgamiento de un mandato es un acto de naturaleza civil y, por otro, el citado artículo 10 reserva expresamente a los notarios la potestad para hacer constar en un instrumento público la designación de apoderados, y señala los requisitos que deben cumplirse; facultad que no corresponde a un corredor público, porque el último párrafo del mencionado artículo 6o. prevé que las funciones asignadas a esos fedatarios se entenderán sin perjuicio de lo previsto en otras leyes, y no son exclusivas de los corredores. En ese tenor, si la Ley General de Sociedades Mercantiles de manera específica confiere a los notarios públicos la facultad para elaborar el instrumento en que se haga constar la delegación de la representación de las sociedades mercantiles en apoderados, es incuestionable que las pólizas redactadas por los corredores en relación con dicha delegación de poderes son ineficaces para acreditar en el juicio laboral la personalidad de quien promueve como apoderado de una sociedad de esa naturaleza, ya que el artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo , exige que quien funge como mandatario de una persona moral acredite su personalidad a través de instrumento notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien concede el poder está autorizado legalmente para ello, es decir, se tiene que demostrar de manera incontrovertible ante la autoridad laboral que para la expedición del mandato se cumplieron las reglas previstas por el referido artículo 10. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.