JUSTICIA DE PROPIA MANO. CONTENIDO DE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL.

Esa prohibición dirigida a los particulares, se traduce especialmente en cuanto a la materia civil, en que nadie se encuentra en aptitud jurídica de conocer y resolver unilateralmente los litigios de que forme parte, de imponer su posición imperativamente a la contraparte o a los terceros con interés jurídico en el negocio, ni de exigir y obtener coactivamente su determinación a los demás, cuando la exigencia se traduzca en una conducta positiva de dar, hacer o no hacer, sino después del acogimiento de su pretensión en un proceso jurisdiccional, llevado a cabo ante los tribunales competentes y con apego a las leyes aplicables, especialmente el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, y dentro de éstas de la garantía de audiencia. Esto es así, porque el primer párrafo del artículo 17 constitucional prohíbe a los gobernados hacerse justicia por sí mismos, sin precisar la significación específica asignada a la palabra justicia, lo cual genera incertidumbre, por tratarse de uno de los vocablos de mayor equivocidad en cualquier idioma, cultura, tiempo y espacio, imposible de superar a través de la simple literalidad del enunciado, o con el auxilio de las reglas gramaticales, lo que conduce a recurrir a otro método de interpretación jurídica. La aplicación del método sistemático revela que, la expresión hacer justicia, en el contexto de este imperativo, se identifica con la actividad correspondiente a los tribunales, pues su relación ideológica con el segundo párrafo, en cuanto a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, saca a la luz el sentido de la comunicación inmersa en el precepto, consistente en que los particulares no pueden hacerse justicia por sí mismos, pero tienen el derecho fundamental de exigir a los tribunales su administración o impartición. Lo anterior hace patente, entonces, que la labor vedada a los gobernados radica precisamente en la inherente por su naturaleza a los juzgadores, en ejercicio de la función jurisdiccional, pues el Constituyente estableció aquí una clara sinonimia o relación lógica de identidad entre los contenidos asignados a las frases hacer justicia, administrar justicia e impartir justicia. Este descubrimiento conduce a despejar la incógnita planteada, mediante la sustitución del enunciado hacer justicia por el de ejercer la función jurisdiccional, y la precisión de los elementos esenciales de este último concepto. La función jurisdiccional constituye el poder para llevar a cabo el conjunto de actos dispuestos y ordenados en procedimientos secuenciales e integrados en procesos coherentes previstos legalmente, realizados ordinariamente por los tribunales creados, organizados y sostenidos por el Estado, en ejercicio del poder soberano del Estado, y que tienen por objeto conocer y decidir los litigios sometidos a su consideración, mediante actuaciones y resoluciones obligatorias y exigibles para las partes litigantes, e imperativamente ejecutables coactivamente, de ser necesario. Consecuentemente, lo prohibido a los particulares es el ejercicio de la jurisdicción. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.