CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 34 Y 38 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN.

Los citados preceptos no violan la garantía de libertad de asociación contenida en el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , pues no obligan a que los abastecedores de caña de azúcar se asocien o pertenezcan a alguna de las agrupaciones cañeras que prevén. Lo anterior es así, ya que la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar reconoce, por una parte, el derecho de aquéllos a celebrar contratos con algún ingenio en condiciones diferentes a las del contrato uniforme que celebren las mencionadas organizaciones y, por otra, el derecho de los abastecedores de caña de un ingenio de asociarse y formar una persona jurídica que represente sus intereses, la cual, conforme a los artículos 34 y 38 de la Ley citada debe cumplir con los requisitos de membresía, producción de caña y presencia en determinado territorio, encaminados a demostrar la representatividad que cada organización tiene de los intereses de los productores de caña, construyendo de esa manera una pirámide de representatividad. Además, el establecimiento de requisitos que demuestren la representatividad de las organizaciones del sector productor de caña se justifica en las atribuciones que les otorga la propia Ley, como la conferida a las organizaciones locales y nacionales para representar a los abastecedores de caña en el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y los Consejos Distritales, Estatales y Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable, lo que revela que no es posible que en los mencionados organismos tengan participación todas las asociaciones de abastecedores de caña existentes, sino solamente aquellas que demuestren que tienen determinada representatividad del sector, resultando por ello razonable que se les exija cumplir con porcentajes de asociados y de producción, así como demostrar su presencia en determinados territorios.