EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS EN UN JUICIO DE AMPARO. EL PAGO DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A SU RECEPCIÓN EN EL EXTRANJERO CORRE A CARGO DEL INTERESADO CONFORME A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL A DICHA CONVENCIÓN.

La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, firmada en la ciudad de Panamá, el treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes veinticinco de abril de mil novecientos setenta y ocho, celebrada por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, firmado en Montevideo, Uruguay, el día ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y tres, aprobados por la Cámara de Senadores, constituyen instrumentos vinculatorios para el Estado mexicano y en esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal , constituyen principios rectores de interpretación del ordenamiento jurídico, como cuando se trata del contenido y alcance de las normas federales, y las contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles que tienen a su vez, un carácter subsidiario en lo relativo a la efectividad y aplicación de la cooperación procesal internacional, lo cual se corrobora, además con lo señalado en los artículos 543 y 549 de este último ordenamiento, en la medida en que el propio legislador federal estableció como normas de organización de la cooperación procesal internacional las que se pacten en los tratados y convenciones de los que México sea parte y, de manera subsidiaria, las expresadas en el título respectivo de ese ordenamiento federal. De las disposiciones expresas y la interpretación sistemática de las normas federales que regulan la cooperación procesal civil internacional, no se advierte alguna que por sí misma permita establecer en qué casos y términos las partes en un juicio están obligadas a sufragar los gastos de los exhortos y cartas rogatorias que se remitan al extranjero; no obstante lo antes enunciado, los principios contenidos en esas normas reconocen una solución normativa al caso de que se trata en la medida en que indica que los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él se ajustarán al título de referencia sobre cooperación procesal internacional, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte, sobre la base de que las normas federales son subsidiarias en su contenido y alcance, pues conforme a la exposición de motivos de la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles sobre ese tema se advierte la intención del legislador de normar los procedimientos tutelados en los tratados internacionales que indica y que, además, constituyen una fuente de derecho del ordenamiento jurídico mexicano cuyos principios por razón de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Federal, gozan de primacía, lo que permite en algunos casos, resolver no sólo los conflictos por la aplicación de leyes que regulando una misma materia resultan contradictorias sino aquellos en que existe una laguna en la norma inferior que puede y debe ser colmada por la norma superior atendiendo a los principios de coherencia y completitud del ordenamiento jurídico. Así es, en el caso la intención del legislador federal fue la de adaptar la ley nacional con la realidad de diversos convenios interamericanos que constituyen un derecho procesal internacional de carácter interamericano, con el reconocimiento de que se han desarrollado nuevos conceptos en la materia procesal internacional cuya incorporación se pretende, lo cual resulta de fundamental relevancia al momento de interpretar y aplicar la normativa procesal federal, pues si la intención subyacente del legislador fue la de observar y desarrollar esas normas internacionales y los conceptos que de la misma se desprenden, de plantearse un problema interpretativo o de aplicación y ejecución de la norma procesal federal, para su resolución deberá acudirse a la norma de la especialidad y, en su caso, de mayor rango normativo, por ser ésta en la que se apoyó el legislador, como puede ser un tratado internacional regulado por el artículo 133 de la Constitución Federal. Al efecto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 2, 3, 5, 10 y 12 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias , y 3, 5, 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias , se desprende que resulta aplicable en tratándose de exhortos o cartas rogatorias expedidas en actuaciones en procesos civiles o comerciales por los tribunales del Estado y que tengan por objeto la realización de actos de mero trámite como cuando se trata de notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero o a la recepción de pruebas e informes en el extranjero; en el tema de gastos, se estipula que en el trámite y cumplimiento de los exhortos y cartas rogatorias, los gastos y costas correrán por cuenta de los interesados y podrá indicarse, en su caso, la identidad del apoderado del interesado para ese fin, pero se faculta que el Estado requerido realice su trámite aunque no exista la indicación del interesado que resulte responsable del pago de los gastos y costas que se causen. También se prevé que el diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad central y los órganos jurisdiccionales del Estado-Parte requerido será gratuito, pero éste podrá reclamar de los interesados el pago de aquellas actuaciones que, conforme a su ley interna, deban ser sufragadas directamente por aquéllos, para lo cual el interesado en el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria deberá, según lo prefiera indicar en el mismo la persona que responderá por los costos correspondientes a dichas actuaciones en el Estado-Parte requerido, o bien adjuntar al exhorto o carta rogatoria un cheque por el valor fijado, conforme a lo previsto en el artículo 6 del protocolo citado, para su tramitación por el Estado-Parte requerido, para cubrir el gasto de tales actuaciones, o el documento que acredite que por cualquier otro medio dicha suma ya ha sido puesta a disposición de la autoridad central de ese Estado. En el mismo sentido se establece que la circunstancia de que el costo de las actuaciones realizadas exceda en definitiva el valor fijado, no retrasará ni será óbice para el diligenciamiento y cumplimiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad central y los órganos jurisdiccionales del Estado-Parte requerido, ya que en el caso de que exceda dicho valor, al devolver el exhorto o carta rogatoria diligenciado, la autoridad central de ese Estado podrá solicitar que el interesado complete el pago. Sobre el tema relativo al pago de los gastos y costas, el artículo 6 del protocolo referido precisa que al depositar en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos el instrumento de ratificación o adhesión a este protocolo, cada Estado-Parte presentará un informe de cuáles son las actuaciones que, según su ley interna, deban ser sufragadas directamente por el interesado, con especificación de las costas y gastos respectivos, así como el valor único que a su juicio cubra razonablemente el costo de aquellas actuaciones, cualquiera que sea su número o naturaleza. Finalmente, se dispone que los Estados-Partes podrán declarar que, siempre que se acepte la reciprocidad, no cobrarán a los interesados las costas y gastos de las diligencias necesarias para el cumplimiento de los exhortos o cartas rogatorias, o aceptarán como pago total de ellas el valor único referido u otro valor determinado. Con base en la interpretación sistemática y armónica de las normas federales en conjunción con los principios y normas contenidas en el convenio y protocolo citados, se concluye claramente que los gastos y costas que se tengan que sufragar con motivo de la remisión y trámite al extranjero de un exhorto o carta rogatoria, queda a cargo de los interesados en su recepción, y se desprende además una distinción entre las obligaciones de los Estados parte de la convención y la figura de los interesados, correspondiendo a los primeros su cumplimiento y realización procesal y a los segundos, sufragar aquellos conceptos que resulten necesarios para cumplir con el fin del exhorto o carta rogatoria, a menos que en cada caso se demuestre que exista reciprocidad. El sentido de la interpretación de esos preceptos se adecua, además, al contenido del artículo 17 de la Constitución Federal , en cuanto que la posibilidad del acceso a la tutela judicial efectiva por los tribunales judiciales no se veda por el hecho de que la parte interesada deba sufragar los gastos necesarios para la realización de un trámite relativo a un exhorto o carta rogatoria en el extranjero, pues resulta evidente que se trata de una carga procesal de cuyo cumplimiento depende el desarrollo de una etapa procesal necesaria para que el juicio continúe y llegue a dictarse sentencia, lo que es el último fin de la acción ejercida y en beneficio de la parte interesada; y, por otro lado, dentro del curso ordinario del procedimiento judicial, no se contempla el hecho de que corresponda al tribunal sufragar los gastos que derivan de la traducción de documentos, cuya obligación recae sobre la parte a la que le reportará un beneficio su recepción en el proceso. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.