REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TRAS LARGA INACTIVIDAD, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.

De la interpretación de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 1068 y 1069 del Código de Comercio y 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria al de Comercio, se puede determinar que cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal, sea en el domicilio que se había señalado en autos para recibir notificaciones, si el notificador se cerciora de que la persona buscada mantiene el vínculo que la condujo a hacer el señalamiento (que allí viven familiares o amigos o es el domicilio profesional de sus abogados y prevalece la relación), o en el domicilio real del interesado (el lugar de su residencia habitual, en su defecto, el principal asiento de sus negocios, a falta de éstos, el lugar donde simplemente resida o, finalmente, donde se encuentre), o finalmente, por edictos, de no encontrarlo o ignorarse el domicilio. Lo anterior tiene fundamento en el principio de proporcionalidad inmerso en la disposición constitucional citada, conforme al cual, los actos de autoridad que causen molestia a los derechos fundamentales de los individuos, sólo se justifican cuando resulten necesarios, idóneos y adecuados para conseguir el fin perseguido, y deben reducirse al mínimo, de modo que el sacrificio de los intereses individuales guarde relación razonable y proporcionada con el interés general sujeto a salvaguarda y realización, por lo cual se prohíben los excesos de las autoridades, pues este principio se encuentra presente en el ámbito de las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, porque éstas se sustentan en el supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del actor, cuando presenta su demanda; del demandado, cuando es emplazado a juicio; de los terceros, coadyuvantes o excluyentes, con la citación o su comparecencia voluntaria, y de los peritos o testigos, cuando se les cita para dictaminar o rendir testimonio, etcétera; y con tales actos se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad, pero cuando se sucede un periodo prolongado de inactividad en el proceso, la vinculación se va diluyendo, con afectación a las cargas procesales, concretamente la de señalar domicilio dentro del lugar de residencia del juzgado o tribunal, para la práctica de notificaciones personales y la de vigilar regularmente las actuaciones publicadas en los estrados u otros medios establecidos legalmente para ese efecto, como el Boletín Judicial, que sólo encuentran justificación por el tiempo requerido normalmente para la prosecución de los procedimientos necesarios para lograr el dictado de la sentencia definitiva y su pronto cumplimiento o ejecución, que al ser excedidos, ya no pueden emplearse como sustento para aplicar sus consecuencias, por lo cual se requiere refrendar la vinculación con otro acto de semejante exigencia y credibilidad al inicial. La aplicación de este principio en la legislación mexicana se encuentra, por ejemplo, en el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio, donde se prescribe hacer notificaciones personales cuando deje de actuarse por más de seis meses, por cualquier motivo, o por edictos, si se ignora el domicilio. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.