MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO. PARA QUE PUEDAN OTORGARSE, EL SOLICITANTE DEBE DESCRIBIR LA SITUACIÓN DE HECHO EXISTENTE Y EXPRESAR LOS MOTIVOS PARA MANTENERLA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).

La interpretación literal y sistemática, con la utilización particular del argumento interpretativo a rúbrica, así como histórica y teleológica, incluyendo la utilización del argumento interpretativo denominado psicológico, que pretende conocer la voluntad del concreto legislador que emitió la ley, basándose en los trabajos preparatorios, de los artículos 384, 385 y 386 del Código Federal de Procedimientos Civiles , permite colegir que las medidas de aseguramiento son medidas cautelares de las denominadas conservativas, es decir, de aquellas que tienden a mantener el estado de cosas anterior al proceso principal. El segundo de los dispositivos legales citados excluye el carácter innovativo, esto es, de modificación de ese estado de cosas, remitiendo, para su obtención, a una demanda ad hoc, o sea, planteada de manera específica para decidir ese cambio de situación en vía principal, y no accidental como las medidas previstas en los dispositivos legales invocados. La clase a que pertenecen las medidas de aseguramiento establecidas en la legislación adjetiva civil federal, determina que solamente consistan en mantener la situación de hecho existente, aunque pueden entrañar, entre otras, la suspensión de una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, pero, en estos casos, dado su carácter equivalente a una modificación, se requiere la presentación de la demanda dentro de un plazo perentorio a partir de que se haya decretado la suspensión. Ello significa que se trata de medidas prejudiciales que, por consiguiente, no pueden ser solicitadas una vez iniciado el procedimiento, y su previsión sólo obedece a la urgencia de suspender esos actos para evitar una violencia inter partes de forma previa al sometimiento del asunto ante la jurisdicción estatal. Al igual que la generalidad de las medidas cautelares, las de aseguramiento se basan en el peligro en la demora (periculum in mora), y en la apariencia o verosimilitud del derecho (fumus boni iuris). Esos elementos deben concurrir para el otorgamiento de las medidas de aseguramiento consistentes en el mantenimiento de la situación de hecho existente con antelación al proceso, por lo que es menester que el solicitante de las mismas exprese los motivos que generan el temor fundado de resentir el daño a un derecho si no se mantiene la circunstancia fáctica imperante, misma que, debe también describirse, a fin de que el juzgador aprecie si existe el riesgo de afectación al derecho controvertido. No puede ser de otra manera, porque las medidas de aseguramiento, en tanto especie del género cautelar, tienden a evitar que la sentencia pierda su efectividad, en caso de ser favorable a la pretensión formulada, por lo que será en función de esta última que el órgano jurisdiccional debe ponderarla. Así, será la trascendencia de la situación de hecho existente a la afectación del derecho discutido la que determine la pertinencia de conceder o negar la medida, y en tal sentido, la información proporcionada al juzgador resulta esencial. Estimar lo contrario, significaría que la mera solicitud de las medidas de aseguramiento entrañara su concesión, desnaturalizándose con ello el loable propósito a que sirven tales providencias cautelares, y coartando el arbitrio judicial de apreciar el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la idoneidad de la medida para lograr la finalidad de hacer efectiva la sentencia que, en su caso, resuelva favorablemente la pretensión del solicitante de la medida. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.