RESPONSABILIDAD CIVIL. FORMA DE DETERMINAR LA DE LOS ENCARGADOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DERIVADA DE LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO DE GRAVÁMENES.

Al ser múltiples las funciones de la administración pública existe una división de las mismas y una delegación de facultades que pueden ser genéricas o específicas, y a pesar de que se deleguen pueden ser ejercidas de manera directa por los titulares de las dependencias cuando así lo estimen conveniente, por lo que de la forma en que sean utilizadas y de la clase (genéricas o específicas) a que pertenezcan las atribuciones respectivas en cada caso, con relación al hecho generador del daño, dependerá la determinación del servidor público que realizó la conducta productora del daño y que, por ende, es el directamente responsable. Por consiguiente, tendrá responsabilidad aquel servidor público a quien corresponda el ejercicio de las facultades, genéricas o específicas, por virtud del cual se generó el daño patrimonial, y si son varios, por tener intervención en distintas fases del procedimiento administrativo correspondiente, ya sea ejecutando o supervisando, todos ellos serán susceptibles de estar obligados a resarcir los daños y perjuicios. De esa guisa, la expedición de un documento como el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes forma parte de las atribuciones específicas del director general del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los artículos 117 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal , y 6, fracción VII, del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal . Es factible que la facultad descrita en la norma invocada, y otras más, sean delegadas en servidores públicos de nivel jerárquico inferior, por así autorizarlo la fracción X del artículo 29 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal , para lo cual se requiere la expedición de un manual administrativo por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del que se desprende que a la Dirección de Acervos Registrales y Certificados corresponde autorizar la emisión de certificados de existencia o inexistencia de gravámenes. Con ese texto de organización y asignación de facultades, resulta posible determinar quiénes son los servidores públicos directamente responsables, en ejercicio de facultades específicas (expedición de certificaciones) del director general que han sido delegadas, lo que eximirá de responsabilidad a dicho servidor público si éste se abstuvo de ejercer personalmente su atribución originalmente prevista a su favor y cuya delegación está autorizada por una norma jurídica. Lo anterior, se convierte, entonces, en un problema de prueba, y específicamente de carga probatoria que corresponderá a la parte que afirme que fueron ejercidas por el propio director general las facultades delegadas a sus subalternos, en términos del artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal . El certificado de existencia o inexistencia de gravámenes tratándose de un asunto en que su emisión con inexactitudes o errores constituye el punto de partida del daño causado, es la probanza idónea para demostrar quién realizó la expedición y si hubo o no la intervención del director general del Registro Público de la Propiedad, es decir, el ejercicio directo de sus facultades específicas de expedición de esa clase de documentos. En cambio, si lo que se pretende es acreditar que el citado funcionario incumplió con alguna facultad genérica que debió ejercer y no lo hizo o que hubo ejercicio inadecuado y trascendió a la inexactitud con que se emitió el certificado de gravámenes, como, por ejemplo, instrumentar las normas, procedimientos y requisitos para la integración, procesamiento, empleo y custodia de la información registral (fracción IV del artículo 117 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal), o promover métodos y acciones de modernización (fracción V del mismo artículo), o establecer sistemas de actualización de los acervos registrales (fracción VI de dicho precepto); la demostración de los hechos respectivos podrá lograrse con el empleo de una mayor diversidad de medios de confirmación, sin que exista una probanza idónea única como en el supuesto antes descrito. Empero, para fincarle responsabilidad civil por esas circunstancias será menester el planteamiento preciso en la demanda, como origen del daño, y en su caso, la prueba de las mismas por parte del afectado, previa su narración en la demanda respectiva. No obsta en contrario, la existencia de una norma específica que establece la responsabilidad no sólo de los servidores públicos de menor jerarquía sino de los encargados del Registro Público, tratándose de daños y perjuicios causados, como el artículo 3003, fracción IV, del Código Civil para el Distrito Federal , porque si bien es cierto que el encargado en el caso del Registro Público de la Propiedad es su director general, también es verdad que la estructura orgánica y la delimitación de facultades que tiene lugar en esa unidad administrativa, permite observar que no sólo dicho servidor público de mando superior es susceptible de ser responsable del pago de daños y perjuicios, sino también quienes se encuentran a cargo de funciones específicas, como la expedición de certificados de gravámenes, que involucra la participación de distintas áreas y de otros tantos encargados. Además, al utilizarse en el mencionado precepto el plural "encargados", se comprende no sólo al director general sino a otros encargados, como los registradores, directores de área, jefes departamentales, etcétera, en tanto esté a su cargo el desempeño de una específica atribución, así sea por delegación, como ocurre con aquellos señalados en el manual administrativo del Registro Público, y en los artículos 4 y 9, primer párrafo, del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal . En tal virtud, será el servidor público encargado que haya intervenido en la expedición del certificado de gravámenes inexacto quien deba responder de los daños y perjuicios que con ello se hayan causado, y no podrá incluirse al director general, como encargado principal, si es que no estuvo en obligación y posibilidad jurídica de intervenir en esa actuación, y sólo podrá haber responsabilidad del titular si es que se le hubiera atribuido y demostrado que hizo uso de facultades genéricas o específicas en el caso concreto. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.