DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. SU EFICACIA DERIVA TANTO DE LA APOSTILLA COMO DE LA LEGALIZACIÓN CONSULAR.

De acuerdo con el artículo 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , para dar valor probatorio a los documentos públicos extranjeros, como son, indudablemente, las actuaciones judiciales, es menester remitirse a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyos artículos 543 y 546 , prevén, respecto de cuestiones internacionales, no sólo la armonía entre las disposiciones del propio ordenamiento federal con los instrumentos internacionales signados por México, sino incluso la subordinación de aquél a estos últimos, así como la necesidad de que las autoridades consulares mexicanas legalicen los documentos públicos extranjeros. Por ende, resulta necesario atender a lo dispuesto en los instrumentos bilaterales o multilaterales de carácter internacional suscritos por México para verificar cuáles son los requisitos de legalización de los documentos públicos extranjeros. La Convención por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, es precisamente el instrumento internacional aplicable, y establece un trámite de legalización única, denominado apostilla, consistente en colocar sobre el propio documento tal apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. La apostilla, entonces, certifica que ciertos documentos sí fueron expedidos en el territorio de determinado país para que sean válidos en el exterior; constituyen así la forma de legalización de un documento público extranjero para que esa diversa nación, en el caso México, reconozca su eficacia jurídica. Con esa apostilla ya no será exigible el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos, por lo que se simplifica el trámite de reconocimiento de la mencionada eficacia, de manera que basta que un documento cuente con tal certificación para merecer el valor probatorio inherente a los documentos públicos, con lo que a pesar de la exigencia prevista en el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sobre la legalización a cargo de las autoridades consulares mexicanas, dicho trámite se torna innecesario, si se reúne el requisito de la apostilla. En efecto, la simplificación que deriva del pacto internacional citado, se establece en beneficio del interesado para la presentación de documentos públicos extranjeros; no obstante, de no tener la apostilla, sino la legalización consular, esta última sí podrá tener eficacia, en la medida en que se ajusta al citado precepto del ordenamiento adjetivo civil federal, que continua como derecho vigente. De modo que, si las copias certificadas de actuaciones judiciales extranjeras contienen una legalización consular, en lugar de una apostilla, cumplen con las exigencias procesales para merecer valor probatorio, sin que sea indispensable la apostilla, dado que ésta beneficia a quien tramite un documento público extranjero para presentarlo en juicio seguido en México, sin que impida que realice el diverso trámite que está legalmente previsto y, por tanto, también es válido, aunque inexigible si se opta por la apostilla. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.