DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Si bien es cierto que el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles vigente hasta antes del dieciséis de julio de dos mil dos, establecía expresamente que cuando la parte en contra de quien haya sido presentado un documento suscrito lo objetaba en cuanto a su autoría, la carga de la prueba de su verdad o autenticidad correspondía al oferente del instrumento privado objetado; no menos cierto es que las disposiciones propias de la anterior legislación adjetiva civil quedaron abrogadas al entrar en vigor el actual Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, por la sencilla razón de que el último fija normas propias, ahora incompatibles con la codificación abrogada en materia de valoración de pruebas, pues en su artículo 1.359 prescribe que, salvo las documentales públicas, las cuales siempre harán prueba plena, el Juez goza de libertad para valorar o justipreciar las pruebas de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, a condición de que explique detalladamente los fundamentos de su valoración y decisión, lo cual evidencia que la voluntad del legislador ordinario fue apartarse o separarse del sistema tradicional de apreciación de las pruebas regulado por el código instrumental civil abrogado; de ahí que resulte improcedente la extensión de las normas contempladas por la legislación abrogada a los casos actuales, por cuanto que la ratio legis de la legislación adjetiva vigente es diversa a la anterior. Consiguientemente, y en atención a las reglas de la lógica y de la experiencia, es de concluir que cuando una de las partes en juicio viene a ser el suscriptor de un documento presentado por vía de prueba por su contraria, y a quien ello afecta objeta la autenticidad de dicha suscripción bajo el argumento de que la firma que calza dicho documento no proviene de su puño y letra, entonces es a esa objetante a quien corresponde la carga de la prueba de su afirmación; es decir, de los hechos en que hace consistir la falsedad de la firma, que no es otra cosa que la manifestación relativa a que tal firma fue puesta por una persona distinta al propio objetante, sin que en modo alguno se considere que dicha determinación le obligare a probar un hecho negativo, pues la multicitada impugnación descansa precisamente en la afirmación de un hecho positivo, como lo es el relativo a que la firma fue estampada por una persona diversa a la que aparece como suscriptora del documento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.