VII.3o.C. J/6 Jurisprudencia9a. ÉpocaT.C.C.Común
AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.
[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Julio de 2004; Pág. 1340
En el juicio constitucional uniinstancial los conceptos de violación de legalidad y de inconstitucionalidad gozan de igual jerarquía, en razón de que el acto reclamado siempre lo constituye una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que hubiere puesto fin al juicio, resultando innecesario que se llame a juicio a los órganos que intervinieron en el proceso legislativo que originó la norma cuya constitucionalidad se combate, puesto que la declaración de la misma tiene efectos limitados al acto impugnado y obliga únicamente a la autoridad jurisdiccional que lo pronunció y/o ejecutó; así, cuando existan conceptos de legalidad que de llegar a ser fundados provocarían por vía de consecuencia la desaparición del acto concreto de aplicación de la norma que se tilde de inconstitucional, deberán examinarse en primer término, en razón de que la aplicación del precepto es una conditio sine qua non para analizar el tema de constitucionalidad, el cual al esfumarse dejaría sin materia la inconstitucionalidad que invoque la parte peticionaria de garantías, por haber desaparecido del mundo jurídico el referido acto concreto de aplicación. Este criterio no implica contradecir la tesis 2a. CXIX/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos noventa y cinco, Tomo XVI, octubre de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "
AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD.
", debido a que el espíritu de la misma parte también de la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Precedentes
Amparo directo 602/2002. Grupo Maquilador Jarpe, S.A. de C.V. 23 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: Claudia Vázquez Montoya.
Amparo directo 93/2003. Antonio Herrera Flores-30 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: José Alfredo García Palacios.
Amparo directo 135/2003. Pemex Gas y Petroquímica Básica. 19 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretaria: Esther Carús Medina.
Amparo directo 46/2004. Departamental José Ramírez, S.A. de C.V. 30 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretario: Jesús García Montiel.
Amparo directo 102/2004. Remigio Ronzón Peralta. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Gilberto Cueto López.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 22/2004-PL que fue declarada sin materia por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis P./J. 3/2005, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 5, con el rubro: "
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES
."