LETRA DE CAMBIO EN BLANCO. ES UN ACTO JURÍDICO INEXISTENTE, CUANDO NO HA CIRCULADO. SUSPENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 172 INTITULADA: "LETRA DE CAMBIO EN BLANCO".

Un título de crédito es antes que ello, un acto jurídico que tiene como elementos de existencia el consentimiento y objeto y como elementos accesorios de mera eficacia la fecha de vencimiento, el lugar de pago, etcétera. Luego, para que nazca la obligación derivada de un título de crédito debe hacerse expreso el consentimiento de contraer la obligación de dar, previamente constituida. De otra manera se otorgaría un consentimiento sin objeto. Así, consentimiento sin objeto o bien objeto sin consentimiento, ambas hipótesis dan por resultado una obligación inexistente. Por ende, si en autos se acredita que tanto lo relativo a la suerte principal como a los intereses, que constituyen el objeto de tal acto jurídico, fueron puestos por el beneficiario con posterioridad a la aceptación del título de crédito, es evidente que no llegó a nacer la obligación acreditada derivada de tal título. No obsta a lo anterior que la entonces Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sustentado la jurisprudencia 172 intitulada "LETRA DE CAMBIO EN BLANCO." que sostiene lo contrario, pues a partir de 1988 el control de la legalidad dejó de estar en ese Alto Tribunal y pasó a los Tribunales Colegiados, por lo que en términos del artículo 6o. transitorio de la reforma de tal fecha, este tribunal suspende en un aspecto dicha jurisprudencia para sentar en su lugar la que exprese, que una letra de cambio en blanco, es un acto jurídico inexistente, porque consentimiento y objeto, son elementos de los que supedita la obligación crediticia y que tal excepción personal sólo puede invocarse cuando el título de crédito no ha circulado o habiéndolo hecho quien ejercita la acción es el propio beneficiario. Cosa distinta es, que el documento haya circulado y que quien ejercita la acción sea un endosatario al cual no puede oponérsele tal excepción. Razonar en contrario, implicaría que el Poder Judicial Federal soslaye y permita que el agio nacional o internacional unilateralmente y a su antojo determine el objeto de la obligación, llenando con la cantidad que quisiere el concepto de suerte principal e intereses, lo que es inadmisible en un estado de derecho que busca y pretende la buena fe en las operaciones crediticias para que los deudores cumplan con la obligación pactada, pero nunca el exigirles el cumplimiento de lo que no fue pactado. Este principio, sin embargo debe sucumbir en aras de la autonomía de los títulos de crédito cuando se ha trasmitido por endoso a un tercero que desconocía la irregular conducta del beneficiario endosante, pues en este caso la ley que da a los títulos de crédito el carácter de autónomos desvinculados de su causa, impide que el aceptante oponga excepciones personales al endosatario. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.