COMPETENCIA. DEL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE UN JUEZ CIVIL Y UNA JUNTA DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CORRESPONDE CONOCER AL PRIMERO CUANDO TRATÁNDOSE DE UN CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA CELEBRADO ENTRE EL PATRÓN Y EL TRABAJADOR, AQUÉL RECLAMA SU CUMPLIMIENTO.

A través del contrato de mutuo con garantía hipotecaria el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero al mutuario quien, a su vez, debe devolver otro tanto de la misma especie y calidad, con la posibilidad de estipular el pago de un interés, y cuya garantía constituida por bienes que no se entregan al acreedor, da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el producto de la venta de dichos bienes en el grado de preferencia establecido por la ley; de ahí que la naturaleza de la acción derivada de este contrato sea puramente civil. En consecuencia, si una persona, no obstante su calidad de patrón, promueve en contra de su trabajador una acción real, especial hipotecaria, no puede obligársele a que deduzca sus derechos a través de una vía distinta a la elegida, como lo sería el juicio laboral, sin que previamente se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se aprecien las pruebas aportadas y se resuelva la controversia planteada, puesto que es hasta ese momento cuando es factible determinar de manera fundada y razonada si la acción ejercitada es o no procedente; por lo que el competente para resolver la acción intentada lo es el Juez Civil, no así la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a pesar de que en un diverso juicio tramitado ante la referida Junta el trabajador hubiere solicitado la suspensión de los pagos e intereses derivados del propio contrato de mutuo. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.