COMPETENCIA ECONÓMICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER COMO MEDIDA DE APREMIO UNA SANCIÓN HASTA POR UN MIL QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.

La fracción II del numeral citado, en cuanto prevé que la Comisión Federal de Competencia Económica podrá imponer una multa hasta por el importe del equivalente a mil quinientas veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por ésta, no transgrede la garantía de seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Lo anterior es así, toda vez que conforme a dichos numerales constitucionales, la autoridad, a fin de cumplir con dicha garantía, queda obligada a señalar el precepto legal exactamente aplicable al caso, así como expresar las razones, motivos o circunstancias especiales que la llevaron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Por tanto, si bien es verdad que el artículo 34 de la Ley Federal de Competencia Económica, o algún otro de dicho cuerpo normativo no prevén expresamente los elementos que la autoridad debe valorar para fijar el monto de la multa, también lo es que la garantía de seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 constitucionales se respeta por el legislador en la medida en que, por un lado, se impide a la autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa, pues el precepto legal establece una cuantía máxima que la sancionadora no podrá rebasar y, por otro, la autoridad debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación de los actos, esto es, expresar las circunstancias especiales o motivos específicos que justifiquen el monto determinado, valoración que deberá considerar la afectación que provoca la conducta del agente económico al momento en que incumplió con lo ordenado por la Comisión, su capacidad económica, la reincidencia o cualquier otro elemento que estime la autoridad y del cual pueda inferirse la levedad o gravedad de la infracción.