EJIDO. LEGITIMACIÓN DEL COMISARIADO EJIDAL PARA IMPUGNAR LAS ENAJENACIONES Y CESIONES GRATUITAS DE DERECHOS SOBRE LAS PARCELAS Y TIERRAS DE USO COMÚN.

Al disponer el artículo 27, fracción VII, de la Constitución Federal que se reconoce personalidad jurídica a los núcleos de población ejidal y comunal, entre otros, se protege su propiedad sobre la tierra tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. A ello atiende precisamente el artículo 80 de la Ley Agraria cuando permite que los ejidatarios enajenen sus derechos parcelarios, pero se establece la limitante de que los adquirentes deben tener el carácter de ejidatarios o avecindados, pues resulta evidente que se atiende al interés de que la titularidad de las tierras ejidales permanezca entre los miembros que conformen el ejido y no en personas extrañas a éste, ya que si sujetos con intereses ajenos a los propios del ejido obtuvieren esa titularidad podrían adoptar posturas que afectasen directamente la realización de los objetivos comunitarios, así como la subsistencia del mismo; por lo que resulta evidente que al realizarse una enajenación de derechos parcelarios y de uso común a favor de sujetos que no formen parte del ejido ni sean avecindados de él, ello implica la intromisión de un extraño, es decir, se afectan intereses del ejido como entidad y no sólo el interés particular de los que intervinieron en el acto traslativo, pues innegablemente tal enajenación, que abarca también la figura de la cesión gratuita de derechos, interesa al núcleo de población ejidal quejoso, puesto que con ese tipo de operaciones se pone en peligro la subsistencia del ejido, ya que si cada ejidatario, a su arbitrio e indiscriminadamente, pudiera enajenar los derechos sobre sus tierras, parcelas y de uso común, en contravención al citado artículo 80 de la Ley Agraria, se podría llegar, en caso extremo, a desintegrar el propio ejido y, en otros, a que los extraños fuesen mayoría, y atendiendo a esa integración en una asamblea acordaran cuestiones perjudiciales para el ejido y favorables a los terceros contratantes. Por lo que al estar en conflicto no únicamente derechos individuales sino los colectivos protegidos por la norma constitucional precisada, el comisariado ejidal está legitimado (además del propio ejidatario) para acudir a solicitar la nulidad de una enajenación de ese tipo, por ser el representante legal del ejido, según lo dispone la fracción I del artículo 33 de la propia Ley Agraria ; lo que no sucedería si la operación se realizara con un ejidatario o avecindado en el mismo núcleo de población, pues en tal caso no se pondría en riesgo al ejido o comunidad; por ello, el ejido a través de sus representantes no tendría legitimación para promover en contra de la referida transacción. Sostener lo contrario implicaría dejar sin efecto en la práctica la restricción contemplada en el artículo 80 de la Ley Agraria, pues no tendría caso establecer restricciones a la enajenación, entre ellas, la cesión de derechos parcelarios, si los actos relativos sólo pudieran ser impugnados por quienes los realizaron en transgresión de la ley. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.