AMPARO. APERCIBIMIENTO Y PREVENCIÓN. CUÁNDO AFECTAN EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

La prevención del Juez para que la quejosa manifieste si es su voluntad señalar como responsable a una autoridad que del contexto de la demanda se desprende que fue la que emitió el acto expresamente reclamado, más el apercibimiento de no llamar a juicio a dicha autoridad ante la falta de desahogo de la prevención respectiva, es una causa por la que se debe ordenar la reposición del procedimiento, por omisión de admitir la demanda respecto a tal autoridad, en términos de lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo , si es que dicha circunstancia trascendió al sentido de la sentencia recurrida; por ejemplo, si el Juez hace efectivo el apercibimiento y posteriormente resuelve sobreseer en el juicio como consecuencia de la falta de desahogo de la prevención correspondiente, en atención a que, en primer término, la demanda es un todo y, además, sus anexos forman parte de ella; en segundo término, porque el juzgador, como perito en derecho, tiene claras las consecuencias jurídicas posibles de la prevención y apercibimiento que elige decretar, que, en ese supuesto, no revelan más que la falta de intención de resolver la pretensión planteada; finalmente, porque la Constitución, como norma suprema, obliga directamente a los propios Jueces de amparo, como órganos constituidos, a garantizar los derechos constitucionales, lo que presupone el respeto por parte de éstos al propio derecho de acceso a las vías jurídicas dispuestas para tal fin, en tanto constituye el medio por virtud del cual adquieren eficacia jurídica real los derechos sustantivos, considerando que la función del Juez, la Constitución y el derecho mismo están ordenados al propio servicio de la clase gobernada, según se reconoce en el artículo 39 del Texto Básico. Por tanto, el juzgador, en principio, debe tener como responsable a dicha autoridad o, en todo caso, prevenir a la quejosa para los efectos ya apuntados, pero apercibiéndola con una consecuencia diversa, que evite en todo momento la afectación del derecho de acceso a la administración de justicia, aunque ello incida de forma ingrávida en el principio de economía procesal. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.