JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA NEGATIVA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE REINTEGRAR GASTOS MÉDICOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO).

La resolución impugnada en nulidad, que declara infundado el recurso de inconformidad y confirma la improcedencia de reintegro de gastos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque no se encuentra comprendida su impugnación dentro de los supuestos que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa , pues no se trata de una resolución definitiva de las especificadas en dicho numeral vigente hasta el veinte de diciembre del año dos mil uno, pues en el caso la determinación impugnada no es de naturaleza fiscal, ya que no atañe a cuestiones de cobro coactivo; además, la quejosa pretende demostrar la naturaleza fiscal por la relación subyacente, esto es, por la acción a deducir, misma que consiste en el incumplimiento de los convenios, y el hecho de exigir el cumplimiento de los propios convenios, por el incumplimiento de otras cláusulas del mismo, no le confiere carácter fiscal. Desde diverso aspecto, lo señalado en la tesis de jurisprudencia número P./J. 1/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doce del Tomo XIII, enero de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: " SEGURO SOCIAL. LA ACCIÓN DE PAGO EJERCITADA CONTRA EL INSTITUTO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA NEGATIVA A BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA U HOSPITALARIA A UN ASEGURADO, BENEFICIARIO O PENSIONADO, O POR RESULTAR DEFICIENTE, ES DE NATURALEZA CIVIL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN .", no resulta exactamente aplicable al caso, pues dicha tesis se refiere a la acción de pago ejercitada entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios; en cambio, en el presente caso la controversia se presenta entre dos entes, esto es, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y aunque este último sea un órgano descentralizado, sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para considerar que es de carácter fiscal la controversia que se presentó ante la Sala responsable. Por otra parte, cabe señalar que el acto impugnado señalado en la demanda de nulidad no requiere informes o documentos ni conmina a hacer, en su caso, el entero de una o más contribuciones en un plazo determinado bajo el apercibimiento de imponer sanciones, para que causaran al promovente un agravio en materia fiscal, ya que no le impone una obligación de hacer de esa naturaleza y que dicha obligación derive de leyes que participen de tal naturaleza, sino lo que se cuestiona en el acto impugnado en nulidad es la erogación por concepto de gastos médicos generados a consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación del servicio de seguridad social, y la consecuente solicitud de atención médica particular, mas no en sí lo relativo al pago de la contribución de seguridad social, o la devolución o compensación de la contribución. A mayor abundamiento, el hecho de que la quejosa se encuentre obligada a enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social cuotas obrero-patronales y que éstas tengan el carácter de fiscales, no implica la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de la resolución impugnada. Asimismo, lo argumentado por la quejosa en el sentido de que la negativa del reembolso de gastos médicos, por ella efectuados, es violatoria de las cláusulas tercera y cuarta de los convenios suscritos entre la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del artículo 89 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el veinte de diciembre del año dos mil uno , tampoco implica que la determinación de la resolución impugnada cause un agravio en materia fiscal a la quejosa, o que la relación entre tales suscriptores sea de naturaleza tributaria, pues en todo caso el artículo 89 de la Ley del Seguro Social, en que sustentaron los referidos convenios, alude a la forma en que el instituto prestará los servicios médicos; en consecuencia, la relación subyacente, esto es, la acción a deducir, consiste en el incumplimiento de convenios, y el hecho de exigir el cumplimiento de los propios convenios, por el incumplimiento de otras cláusulas del mismo, no tiene naturaleza tributaria, como lo señala la quejosa, por más que la contraprestación se dé, en virtud del pago de cuotas obrero-patronales, pues un aspecto es la obligación del patrón de enterar cuotas y su determinación y otro el conflicto que se derive de la prestación del servicio médico a que tiene derecho el asegurado; por ende, los conflictos surgidos con motivo de la aplicación o interpretación de tales convenios no pueden ser dirimidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como lo sostiene la quejosa. No es obstáculo a lo anterior, que de las diversas fracciones del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concretamente la V, VI, VII, X y XII, se le otorgue al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa competencia en otras materias, es decir, que no es competente sólo en asuntos estrictamente fiscales, en el sentido limitado, y que por ello tiene competencia en materia de interpretación y cumplimiento de convenios celebrados al resguardo de relaciones subyacentes de carácter fiscal, como lo es, en el caso, la devolución de un importe parafiscal, que correspondía pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social y que conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación procede devolvérselo al quejoso, pues el hecho de que en el artículo 11 de la ley orgánica se le otorgue al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa competencia en diversos supuestos, no quiere decir que sea un tribunal contencioso en otras materias no especificadas en dicho ordenamiento, y como en ninguna de las fracciones de referencia se establece específicamente el supuesto, dicho tribunal federal no es competente. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.