POSESIÓN, CONCEPTO DE, SUSCEPTIBLE DE TUTELA CONSTITUCIONAL. CASO DE EXCEPCIÓN.

Este Tribunal Colegiado ha sostenido reiteradamente el criterio que se resume en la tesis que aparece publicada en la página 193, Tomo VII-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "POSESIÓN, CONCEPTO DE. SUSCEPTIBLE DE TUTELA CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-El derecho positivo mexicano se acoge a la teoría objetiva o teoría de Ihering, consistente en que el derecho sustantivo es un interés jurídicamente protegido; de manera que la posesión prevista por los artículos 833 y 834 del Código Civil para el Estado de Jalisco, implica que el poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa comprende los derechos normalmente atribuidos a la propiedad, total o parcialmente, como son disfrutar, usar y disponer. Así, para que tal poder de hecho constituya lo que jurídicamente se conoce como posesión, debe necesariamente tener una causa, un origen, causa posesionis que por su naturaleza jurídica sea capaz de generar para quien tiene ese poder de hecho, el derecho de ejercer cualquiera de las facultades que implica (dando así origen a la posesión originaria) o cualesquiera de ellas excepto la de enajenar o gravar la cosa (surgiendo así la posesión derivada) posesiones ambas que se encuentran tuteladas por la Carta Magna; contrariamente a lo que sucede con la simple tenencia material u ocupación no legitimada por alguna causa, que jurídicamente sea apta para otorgar al poseedor alguno o todos los derechos que emanan de la posesión, razón por la cual la simple tenencia material u ocupación no están salvaguardadas por la Constitución Federal; por ello, para que el poder de hecho que alguien se arrogue sobre un bien sea susceptible de la tutela constitucional, requiere que se acredite la causa que le dio origen y que ésta, además, se encuentre amparada por la ley.". Sin embargo, una nueva reflexión sobre ese tópico, motivada por la materia del presente recurso, conduce a establecer que el criterio de mérito, tiene como caso de excepción, cuando se trata de conflictos posesorios, es decir, en los que exista disputa de dos o más personas por la posesión de un bien, pues en tal hipótesis, debe respetarse la garantía de audiencia, que es eficaz para preservar cualquier posesión, independientemente del título o la causa de la misma. Lo anterior debe entenderse así, porque, tal como sucede con la propiedad, mediante el juicio de amparo, por lo que toca a la violación de dicha garantía constitucional, no se deciden cuestiones posesorias, esto es, controversias entre sujetos que se disputan la posesión de una cosa, pues en ese supuesto lo que se persigue con el juicio de garantías, es tutelar a cualquier poseedor, en el caso de excepción planteado, con abstracción de la causa de la misma, a condición de que dicha posesión se alegue, contra actos de autoridad que no hubieren observado las condiciones o exigencias de la citada garantía individual. Lo anterior no implica, sin embargo, que en el juicio de amparo no puedan abordarse cuestiones netamente posesorias, pero ello sólo ocurre en el caso de que la acción constitucional se incoe contra una resolución violatoria de la garantía de legalidad y no de la de audiencia, tal como acontece, análogamente, tratándose de propiedad; esto es, cuando ante la potestad común, se ventilan acciones posesorias, y es la resolución que las dirime la que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, en el que se aduce violación a la garantía de legalidad. En conclusión, el caso de excepción al criterio que ha sido reiteradamente sustentado por este Tribunal Colegiado, se traduce en que, puede tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso, cuando la posesión que se pretende sea protegida a través de la garantía de audiencia, es objeto de controversia entre partes, por lo que no se hace necesario que el quejoso aduzca y, por ende, acredite, la causa originadora de la misma, sino que para ello, basta que se pruebe el poder de hecho que se ejerce sobre un bien, y que la cuestión posesoria se encuentra en controversia ante la potestad común. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.