COMPETENCIA. SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN RURAL. SI LA CONTROVERSIA PLANTEADA AFECTA SÓLO INTERESES PARTICULARES, EXISTE JURISDICCIÓN CONCURRENTE Y QUEDARÁ A ELECCIÓN DEL ACTOR ESCOGER ENTRE UN JUEZ FEDERAL Y UNO LOCAL.

Del análisis relacionado de los artículos 54, fracción II y 68 a 80 de la Ley General de Crédito Rural , se advierte que las sociedades de producción rural son unidades económicas de producción integradas por colonos o pequeños propietarios cuya finalidad es la explotación de extensiones de tierras no mayores a las reconocidas por las leyes agrarias. Asimismo, que estas sociedades se rigen por el capítulo III de la ley mencionada, en lo que no se oponga a la Ley Agraria, en términos del artículo segundo transitorio de este último ordenamiento; y, en lo no previsto por la misma (Ley General de Crédito Rural) se aplican supletoriamente, conforme lo establece en su artículo 146 , la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y el Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal. Por otra parte, del examen de los artículos 124 y 104, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se desprende que las facultades que no están expresamente concedidas por la propia Carta Magna a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados; que los tribunales de la Federación conocerán de todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano; pero que, cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán también conocer de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Por lo tanto, al no tener las sociedades de producción rural el carácter de entes de derecho agrario, la competencia para conocer de las acciones relativas a la disolución de las mismas, que afecta sólo intereses particulares, no se surte en favor de un tribunal agrario sino en favor de un Juez local atendiendo a que nuestra Constitución reservó para los tribunales federales el conocimiento de los asuntos del orden civil que versen sobre el cumplimiento y obligación de leyes federales o tratados internacionales, salvo el caso en que los mismos sólo afecten intereses particulares, pues, en tal hipótesis existirá jurisdicción concurrente y quedará a elección del actor escoger a un Juez Federal o local para que conozca del asunto respectivo.