SILENCIO CONTRACTUAL. SU SIGNIFICADO Y ALCANCE.

La aceptación contractual ordinariamente viene configurada por una declaración expresa de conformidad con los términos planteados en la propuesta respectiva; sin embargo, en ocasiones el aceptante no exterioriza su voluntad de modo explícito, sino que ésta se deduce de su conducta (facta concludentia; facta ex quibus voluntas concludi potest); en esta hipótesis, se está frente al denominado consentimiento tácito, donde se aprecia una conducta que no es por sí misma significativa de una declaración de voluntad, a diferencia de lo que sucede con las conductas expresivas. En el caso de la aceptación tácita, de la conducta observada por el destinatario de la oferta contractual debe inferirse la voluntad de aceptarla (indicium voluntatis), por ser aquélla incompatible con la voluntad contraria. Esta manifestación indirecta de la voluntad de aceptar se realiza a través de actos que, por sí mismos, no expresan dicha voluntad y, en ocasiones, son equívocos. Por ello, frecuentemente hay que recurrir a otros datos para poder determinar si existe o no aceptación tácita. En cuanto al silencio como aceptación de los términos contractuales, cabe señalar que supone una conducta completamente inactiva, es decir, que la persona no manifiesta su voluntad, ni expresa, ni tácitamente, pues el sujeto no tiene ningún comportamiento que pueda descubrir una exteriorización de su voluntad. Ahora bien, para el análisis del valor del silencio como manifestación del consentimiento ha de partirse de un concepto restrictivo de aquél, como inactividad del sujeto. En ese sentido, en principio, el comportamiento silencioso no produce, por sí mismo, efecto jurídico positivo alguno, por lo que la inactividad de quien ha recibido la propuesta no puede, por sí sola, constituir una manifestación de voluntad de aceptación, ya que el silencio es una simple abstención de hacer o decir y, desde el punto de vista objetivo, carece de significado positivo. Si se sostuviera que quien calla consiente, se provocaría una situación de claro perjuicio para quien recibe una oferta, ya que estaría obligado a contestar para no verse vinculado contractualmente, y consentir una intromisión de este tipo en la esfera jurídica de las personas, provocaría que éstas se vieran en la obligación permanente de contestar todas las ofertas recibidas. En ese orden de ideas, se concluye que sólo la norma legal o la voluntad previamente expresada de las partes pueden determinar que la inactividad de quien recibió la oferta deba considerarse como aceptación. Así, cuando las partes han convenido previamente que el silencio de quien recibe la oferta es equivalente a una declaración de aceptación, la observancia de tal silencio constituirá una declaración expresa de voluntad, y lo mismo sucede cuando es la propia ley la que atribuye un significado concreto al silencio, supuesto en el que se estaría frente a una manifestación de la voluntad legalmente tipificada, en cuanto se concede al silencio una eficacia similar a la de la aceptación. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.