DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, IMPLIQUE REDUCIR LA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE ESE ESCRITO, TAL PRECEPTO DEBERÁ SER DESAPLICADO EN EJERCICIO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL EX OFFICIO.

El artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a ninguna norma general puede darse efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, principio conocido como irretroactividad de la ley. La prohibición de la retroactividad perjudicial impera, incluso, respecto de normas procesales cuando afecten derechos sustantivos adquiridos o situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior. Por otra parte, la acción es el derecho sustantivo para promover un proceso ante los órganos jurisdiccionales, a fin de obtener una resolución sobre una pretensión litigiosa. Se trata de un derecho sustantivo, porque existe antes y con independencia del proceso, como una expresión del derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional . La oportunidad temporal para presentar una demanda es una situación jurídica indisolublemente ligada al derecho sustantivo de acción, es decir, toda acción está o bien sometida a un plazo, o bien exenta de él. En este contexto, si con base en una ley, el particular se ubica en la hipótesis que le permita ejercer la acción dentro de cierto plazo o sin límite temporal, se habrá configurado a su favor una situación jurídica de oportunidad que no puede ser disminuida por una ley posterior. Ahora bien, el artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 establece que los plazos previstos en ese ordenamiento para la presentación de la demanda son aplicables a los actos que se hubieren emitido durante la vigencia de la ley abrogada. Tal disposición transitoria puede permitir que se reduzca la oportunidad de accionar de la que ya gozaba el agraviado durante la vigencia de la norma anterior, en cuyo caso existirá una violación al principio de irretroactividad de la ley. Esta retroactividad perjudicial se concreta en los siguientes supuestos: I. Casos en los que se reducen los plazos especiales de la ley abrogada al plazo genérico de quince días de la ley vigente: i. Cuando el amparo se promueva contra actos que causen perjuicios a derechos individuales de ejidatarios o comuneros (plazo anterior de treinta días); ii. Cuando el quejoso no ha sido citado legalmente al juicio, si reside fuera del lugar donde se sustancia, pero dentro de la República (plazo anterior de noventa días); y, iii. Cuando no ha sido citado legalmente al juicio, si reside fuera de la República (plazo anterior de ciento ochenta días). II. Casos en los que la nueva ley sujeta la acción de amparo a un plazo del que se encontraba exenta conforme a la ley abrogada: i. Cuando se reclamen sentencias que impongan la pena de prisión (nuevo plazo de ocho años); ii. Cuando se impugnen otros actos que impliquen una afectación a la libertad personal dentro de procedimiento (nuevo plazo de quince días); y, iii. Tratándose de actos que puedan privar de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a un núcleo de población ejidal o comunal (nuevo plazo de siete años). Lo anterior conforme a los artículos 22, 217 y 218 de la Ley de Amparo abrogada y 17 de la ley en vigor. Por tanto, en ejercicio del control constitucional ex officio, los Tribunales Colegiados de Circuito deben considerar inconstitucional y desaplicar el artículo quinto transitorio de la actual Ley de Amparo cuando el cumplimiento de esa norma implique reducir la oportunidad para accionar de la que gozaba el quejoso durante la vigencia de la ley anterior. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.