INFONAVIT. DEBE TRAMITAR ESCRITURACIÓN Y REGISTRO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS POR SU CONDUCTO.

El artículo 42 in fine de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dispone que los contratos y operaciones en que el instituto trasmite la propiedad de inmuebles a los beneficiarios de los créditos que otorga, podrán hacerse constar en documentos privados, ante dos testigos, e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y la voluntad de las partes. La interpretación sistemática y funcional de este enunciado legal revela que, el legislador impone al instituto la obligación de asumir, mutatis mutandis, las funciones que corresponden ordinariamente a los notarios públicos en la elaboración y suscripción de las escrituras públicas de esos actos jurídicos, y en el procedimiento para su inscripción registral, con excepción de la fe pública para constatar la voluntad de las partes en la formación del acuerdo de voluntades y la autenticación de las firmas de los intervinientes en el acto, que se asignan al Registro Público de la Propiedad. Por tanto, el instituto tiene las siguientes obligaciones: redactar el contrato, con los requisitos previstos por las leyes aplicables; ponerlo a disposición de las partes, para su suscripción; recopilar en un expediente la documentación necesaria para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, con la habida en su poder, y la que incumba al adquirente, y para obtener esta última, debe entregarle previamente una comunicación escrita con la información clara, sencilla y adecuada, con la precisión de los documentos concretos que debe presentar y los actos que le correspondan, las disposiciones legales de las que deriven tales exigencias, y la motivación correspondiente, el otorgamiento de un plazo razonable para la recabación y el cumplimiento, así como la prevención de que su contumacia o negligencia podrá ser motivo de dilación de los trámites, en su perjuicio; a continuación, debe presentar la documentación completa al Registro Público de la Propiedad, para su revisión, y una vez que sea aceptada, tramitar, ante el funcionario competente, la fijación de una fecha y hora determinadas, para la ratificación de las voluntades de las partes y la autenticación de firmas; después de esto, dará seguimiento al procedimiento registral, para que no sufra dilaciones injustificadas, hasta concluir con la inscripción y la entrega de los testimonios de la escritura y su registro, de las copias certificadas conducentes o, en general, de las constancias que procedan. Los fundamentos y motivos en que se sustenta esta interpretación jurídica, se enuncian enseguida, sucintamente. La ley no impone expresamente estas obligaciones, pero sí devienen de la naturaleza jurídica de la institución. La ley corresponde al derecho social, y dentro de éste a las disciplinas del derecho del trabajo y de la seguridad social, en donde las dudas sobre interpretación o aplicación, deben resolverse a favor del grupo social protegido. Esta ley es reglamentaria de la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional, donde se consagra el derecho fundamental de los trabajadores a la vivienda, y se proporcionan bases constitucionales para darles acceso a una vivienda digna y barata. Esta ley es el primer instrumento jurídico ordinario, para cumplir esa finalidad, y en esa dirección va todo su articulado, al declararla de utilidad social y al instituto un organismo de servicio social, el otorgamiento de exención de impuestos, derechos y contribuciones a la adquisición de las viviendas, fijar como avalúo el precio de la venta, y extender estos beneficios a las garantías e inscripciones necesarias, con énfasis en que no deben exigirse trámites adicionales de registro, etcétera. Todas estas medidas hacen patente el propósito de optimizar el cumplimiento del imperativo constitucional de abaratar al máximo posible la vivienda para los trabajadores, lo que da una pauta hacia la inclinación interpretativa del precepto investigado. Más todavía, la disposición que se interpreta no viene desde el texto original de la ley, sino que fue adicionada en el año de 1981, para evitar el encarecimiento de la vivienda con los gastos notariales, de manera que si la interpretación del precepto examinado llevara a dejar la carga de los trámites de escrituración y registro a los adquirentes de los bienes, se haría nugatoria ostensiblemente la finalidad de la reforma, porque los trabajadores adquirentes de viviendas de interés social carecen comúnmente de los conocimientos necesarios para esos trámites, y de tiempo para realizarlos, por lo que se verían precisados a acudir a los servicios de supuestos o reales expertos, con costos económicos semejantes, iguales o hasta mayores al monto de los gastos y honorarios de la función notarial, con el riesgo de hacer erogaciones inocuas, por engaño o impericia de quienes los auxiliaran. Así pues, si el Fondo de la Vivienda y el instituto que lo administra fueron creados para realizar una función tuitiva de los intereses de los trabajadores, no deben escatimar esfuerzos para el cumplimiento de ese objetivo primordial, con actitudes elusivas y evasivas de las obligaciones inherentes, toda vez que, además, cuentan con posibilidad de hacerlo, pues el Estado dotó al organismo de una ley ad hoc para ese efecto, creó una organización destinada a su aplicación, y lo provee de un presupuesto, lo que permite contar con personal profesional destinado a la optimización de su cometido. Por lo tanto, la concatenación de los elementos anteriores permite inferir que en el mandamiento imperativo del legislador quedó comprendida la obligación del instituto de optimizar el cumplimiento del mandato constitucional de abaratar al máximo posible la vivienda para los trabajadores, imponiendo al instituto la carga de los trámites de escrituración e inscripción registral, en las funciones que ordinariamente corresponden a los notarios públicos. Entonces la obligación del instituto no se reduce a la celebración de los contratos privados que sirven como título de propiedad, sino que adquiere la calidad de asesor o consultor jurídico, pues debe brindar asesoría legal al trabajador que a él acude, atenderlo con profesionalismo, informarle sobre las exenciones, beneficios fiscales y trámites administrativos, así como la etapa del procedimiento en que se encuentra el trámite registral, atender lo relativo al pago de impuestos y derechos generados por la operación celebrada y corroborar que esa documentación se encuentre debidamente integrada para que no exista oposición del Registro Público para su inscripción. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.