JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS POR LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, CUANDO YA ESTABA VIGENTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2013.

El artículo 28, párrafos décimo quinto y vigésimo, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto derivado del decreto de la citada reforma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por disposición expresa de su artículo primero transitorio, creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano constitucional autónomo encargado de la rectoría del Estado en la materia (en sustitución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones), y estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto como única vía de impugnación contra sus actos, mientras que el artículo séptimo transitorio del decreto señalado, al regular el inicio de aplicación de las nuevas reglas de defensa en materia de telecomunicaciones, estableció las pautas siguientes: 1. Tratándose de asuntos iniciados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones y resueltos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, su impugnación se rige conforme a la nueva regla que la propia Carta Magna prevé; 2. Tratándose de asuntos resueltos previamente a la reforma constitucional, evidentemente por la extinta comisión, cuyos medios de defensa estuvieran en trámite cuando ésta entró en vigor, seguirían sustanciándose con base en la normativa anterior; sin embargo, el Constituyente fue omiso en regular la forma en que deben impugnarse los actos dictados por la comisión indicada cuando ya estaba vigente dicha reforma constitucional (por no haberse instalado aún el instituto que la sustituyó), toda vez que en las disposiciones transitorias no se abordó ese supuesto, sin que, además, éste sea esclarecido mediante el proceso de reforma respectivo. Por tanto, para su impugnación, procede el juicio de amparo indirecto, dado que, ante la falta de disposición expresa, deben imperar, inmediatamente, las nuevas reglas establecidas, sobre todo porque, en este aspecto, la reforma constitucional constituye una disposición de carácter adjetivo, en tanto que la posibilidad de impugnar no es otra cosa que el reconocimiento del derecho de acción del particular para acudir a exigir el desempeño de la función jurisdiccional, es decir, se trata de un derecho de defensa oponible al acto de autoridad; de ahí que dicha disposición es de aplicación inmediata y, por ende, rige a todos los actos dictados en aquella materia, a partir de su entrada en vigor, independientemente del órgano emisor. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.