PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LOS ARTÍCULOS 31, PRIMER PÁRRAFO Y 32, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTIENEN UNA LIMITANTE A AQUÉL QUE SE ENCUENTRA JUSTIFICADA.

El artículo 31, primer párrafo, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas por el suministro de energía eléctrica, de manera que tiendan a cubrir las necesidades financieras y de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía. Por su parte, el artículo 32 de ese mismo ordenamiento, prevé que el ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas, implicará la modificación automática de los contratos que se hubieren celebrado. Ante ello, se plantea el problema consistente en determinar si dichos preceptos imponen al particular una carga en forma unilateral, aun cuando la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes, y si dichos preceptos impiden a los usuarios defender su derecho a una tarifa justa, porque no pueden opinar, sugerir, objetar, analizar o ponderar si los cambios o modificaciones de las tarifas realmente cumplen con los criterios de racionalidad en el consumo de energía eléctrica; a cubrir las necesidades financieras del suministrador o las de ampliación de ese servicio público. Pues bien, la jurisprudencia ha reconocido que los principios fundamentales que rigen la libertad en los contratos son básicamente dos: i) libertad de contratar, que existe cuando se tiene la facultad para celebrar o no el contrato, así como para escoger la persona con la que se realice; y, ii) libertad contractual, que se refiere a la facultad de las partes para convenir en cuanto a la forma y contenido del contrato. Pues bien, este Tribunal Colegiado considera que el principio de libertad contractual tiene sustento constitucional. En efecto, dicho principio deriva de la interpretación sistemática del texto constitucional, a partir de distintos derechos reconocidos en la Constitución Federal, a saber: el derecho al reconocimiento de la personalidad o identidad (artículos 1o. y 29), el derecho a la libertad de industria, comercio o profesión (artículo 5o.) y el derecho a libertad de asociación (artículo 9o.); los cuales, a juicio de este Tribunal Colegiado, confieren a las personas la potestad de crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas. Ahora, no debe perderse de vista que el principio de libertad contractual tiene límites. Luego, la violación a dicho principio únicamente tendrá lugar cuando la ley establezca alguna restricción que no se encuentre plenamente justificada, esto es, cuando resulte arbitraria por no encontrarse inspirada en algún derecho, valor o principio que autorice la existencia de dicha limitación. En el particular, deben tomarse en consideración dos puntos: a) el suministro de energía eléctrica constituye un "servicio púbico"; y, b) lo relacionado con la electricidad es una "área estratégica", en la cual el Estado ejerce funciones de manera exclusiva. Así se desprende del artículo 28, cuarto párrafo, de la Constitución Federal. Del mismo modo, de los artículos 1o. y 2o. de la citada ley, se colige que el suministro de energía eléctrica es un servicio público prestado directamente por el Estado a los particulares. La finalidad de éste es la satisfacción regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general. Esto es, el servicio público de energía eléctrica busca satisfacer el interés de la colectividad, no sólo de los particulares en lo individual. Incluso, del artículo 4o. de la referida ley, se advierte que el servicio público en comento tiene como objetivo la satisfacción del interés general, porque su prestación implica la planeación del sistema eléctrico nacional; la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica; y, la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. Ahora bien, la fijación o modificación de las tarifas debe atender a una finalidad específica: cubrir las necesidades financieras y de ampliación del servicio público. Dicha finalidad es acorde con la noción misma de "servicio público" entendido como una actividad que atiende al "interés general" y, a su vez, es congruente con la definición específica del "servicio público de energía eléctrica", si se toma en cuenta que éste se integra por la planeación del sistema eléctrico nacional; la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica; y, la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. Luego, este tribunal considera que los citados artículos 31, primer párrafo y 32, primer párrafo, de la invocada ley, al prever que la fijación de las tarifas será efectuada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como que su modificación, ajuste o reestructuración implicará la modificación automática de los contratos, impone una limitante al principio de libertad contractual válida y justificada. Esto, porque la fijación de las tarifas y su modificación por parte del Estado, no constituye una previsión arbitraria, pues encuentra sustento en la finalidad misma de las tarifas, que es cubrir las necesidades financieras y ampliar el servicio público de energía eléctrica, cuya prestación es de "interés general". Dicho en otras palabras, aun cuando no se permite al particular intervenir o participar en la fijación de las tarifas o en su modificación, lo cierto es que dicha restricción atiende a la propia naturaleza del servicio prestado, porque al tratarse de un servicio público que presta el propio Estado (área estratégica), al momento de establecer o reestructurar las tarifas se debe atender no sólo a la situación del industrial, comerciante, familia o individuo con el cual contrata en lo particular. En realidad, el Estado debe considerar las necesidades colectivas, esto es, el financiamiento y ampliación de un servicio público del cual deben gozar todos los habitantes del país. Luego, aunque el principio de libertad contractual tenga sustento constitucional, lo cierto es que el financiamiento y ampliación del servicio público de energía eléctrica, atiende a una necesidad colectiva y, por ese motivo, es una cuestión de "interés general" relacionada con el desarrollo del país. De esa forma, resulta viable concluir que los artículos de cuenta, aun cuando contienen una limitante al principio de libertad contractual, ésta se encuentra justificada, porque, de manera indirecta, se relaciona con el financiamiento y ampliación de un servicio público prestado por el propio Estado y, por ese motivo, no sólo tiene que velar por el interés o la situación financiera o económica del particular con quien contrata en lo individual, sino por el crecimiento de un servicio público, esto es, por el beneficio de la colectividad en su conjunto. Es decir, no podría obligarse al aparato estatal a fijar el precio, de manera convencional, con cada familia, comercio o industria que necesite el suministro de energía eléctrica, porque, de ser así, dejaría de atenderse la necesidad colectiva para privilegiar el interés particular, lo cual no es aceptable cuando está en juego la prestación de un servicio público. Lo anterior no altera la relación contractual de coordinación entablada entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario del servicio público de energía eléctrica. Esto, porque el que exista una limitante justificada al principio de libertad contractual no produce la modificación o alteración de la relación contractual establecida entre las partes, porque esta última dependerá de la adquisición de obligaciones y derechos recíprocos. Es decir, aunque las partes (Comisión Federal de Electricidad y usuario) no puedan convenir libremente el precio del suministro de energía eléctrica, ambas adquieren obligaciones y derechos recíprocos, porque el suministrador no puede dejar de prestar el servicio en forma injustificada o, inclusive, arbitraria y, por otro lado, el usuario queda obligado a pagar el precio, de manera tal que ante el incumplimiento de cualquiera de las cargas adquiridas o los derechos generados a partir de ese contrato, se verán obligados a acudir ante los tribunales ordinarios para dilucidar la controversia relacionada con la satisfacción o no de dichas obligaciones o la resolución de esos derechos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.