DERECHOS DERIVADOS DE UNA CONCESIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS (TAXI). NO EXISTE ANTINOMIA ENTRE LAS REGLAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, AL PERMITIR, EL PRIMERO, LA CESIÓN O TRANSMISIÓN Y, EL SEGUNDO, PROHIBIR LA ENAJENACIÓN O ARRENDAMIENTO DE AQUÉLLOS.

Aun cuando el artículo 36 de la citada ley fue reformado para permitir la cesión o transmisión de derechos, ello no autorizó a los concesionarios para enajenar o dar en arrendamiento los mismos. Tan es así, que el artículo 47 del referido ordenamiento, no sufrió modificación alguna desde la emisión de la ley, el cual establece en su fracción I: "Artículo 47. Son causas de revocación de las concesiones: I. La enajenación, arrendamiento o gravamen de la concesión, del equipamiento auxiliar, de bienes o derechos relacionados con el servicio público de transporte.". Luego, debe entenderse que los derechos derivados de una concesión no pueden darse en arrendamiento, porque la propia concesión sería revocada. En efecto, el artículo 36 permite la cesión o transmisión de los derechos y, el artículo 47, fracción I, dispone que la enajenación o arrendamiento de los derechos relacionados con el servició público de transporte, dará lugar a la revocación de la concesión. De inicio, podría pensarse que dichas normas son contradictorias, porque la primera permite la cesión o transmisión de los derechos derivados de una concesión y, la segunda, prohíbe la enajenación o arrendamiento de los derechos relacionados con el servicio público de transporte. Al respecto, conviene recordar que la antinomia se presenta cuando dos normas de derecho, de un mismo sistema, se oponen contradictoriamente entre sí, cuando, teniendo ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un sujeto la misma conducta. En el caso concreto, los preceptos invocados regulan conductas distintas, por lo que no existe contradicción entre ellos. En efecto "la transmisión de derechos" se presenta entre el concesionario y los beneficiarios de éste. Es un acto jurídico a partir del cual los beneficiarios pueden sustituir al concesionario, de presentarse alguno de los supuestos previstos en la ley, según se advierte del artículo 37 del ordenamiento en cita. Por otra parte, la "cesión de derechos", según puede verificarse del proceso legislativo del cual derivó la reforma publicada el trece de septiembre de dos mil siete, fue introducida por el legislador como una figura tendente a permitir que particulares, diferentes a los beneficiarios designados por el concesionario (parientes), pudieran subrogarse en los derechos derivados de la concesión, precisamente, para evitar la práctica de negocios fraudulentos o de un mercado negro en torno a las concesiones. Lo anterior se advierte de los artículos 38 y 39 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. Luego, la única diferencia entre esas dos figuras estriba en que la "transmisión" de derechos se presenta como una forma de sustitución entre el concesionario y sus beneficiarios; mientras que la "cesión" de derechos, permite que un particular, distinto de los beneficiarios designados, pueda subrogarse en los derechos de la concesión. Ahora, de los artículos 2248 y 2249 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, se colige que la enajenación o arrendamiento de los derechos derivados del servicio público de transporte, se presenta cuando éstos se transmiten a una persona, a cambio de un precio cierto y en dinero (enajenación), o bien, cuando se concede su uso o goce temporal a cambio de un precio cierto (arrendamiento). Ello permite corroborar que la cesión de derechos y la transmisión de derechos son figuras distintas de la enajenación y del arrendamiento de los derechos derivados de una concesión, porque en estas dos últimas el pago del precio es un elemento común, mientras que en las dos primeras no. Consecuentemente, no existe antinomia entre los artículos 36 y 47, fracción I, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. Así, aunque la enajenación implique la transmisión de derechos, lo cierto es que el citado artículo 36, al disponer que los derechos y obligaciones derivados de una concesión pueden cederse o transmitirse, no se refirió a la venta o renta de esos derechos, porque estas dos últimas figuras tienen como característica esencial el pago de un precio por parte del comprador o del arrendatario, mientras que las dos primeras (cesión y transmisión) se encuentran desprovistas de ese elemento. De esta forma, la intención del legislador al establecer que la enajenación o arrendamiento de los derechos derivados del servicio público de transporte daría lugar a la revocación de la concesión, fue evitar que los concesionarios obtuvieran un lucro, a partir de los derechos relacionados con ese servicio, esto es, impedir que los transmitieran a cambio del pago de un precio o que permitieren su uso o goce temporal mediante el pago de una remuneración. En tal virtud, resulta válido concluir que los bienes y derechos relacionados con el servicio público de transporte, no son susceptibles de ser arrendados o enajenados. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.