IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY RESPECTIVA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVER UN PLAZO ESPECÍFICO PARA SU EMISIÓN, SIENDO APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Si bien el artículo en cita no prevé un plazo para concluir el procedimiento de fiscalización, ello no vulnera el derecho a la seguridad jurídica reconocido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en este caso debe estarse al plazo genérico previsto para la figura de la caducidad en el artículo 67, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, en virtud de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 362/2010, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 10/2013 (10a.) (*), estableció que la caducidad en materia tributaria es una institución cuya finalidad es otorgar certeza a los contribuyentes y que dicha figura es aplicable a las facultades de revisión, determinación y liquidación de créditos fiscales y sancionadora, pues los motivos en los cuales se sustenta dicho criterio temático contienen un razonamiento aplicable a todos los procedimientos de naturaleza similar o análoga, dando lugar a la regla general que será válida frente a todos los preceptos que establezcan el mismo supuesto normativo, es decir, que señalen procedimientos conforme a los cuales, las autoridades fiscales determinen impuestos o impongan sanciones por infracciones a las disposiciones tributarias, en el caso de que aquellas normas no establezcan un plazo para la emisión de la resolución con la que culminen, dichos procedimientos son constitucionales, pues les es aplicable el término de la caducidad de facultades de las autoridades. PRIMERA SALA