OPERADORES DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA ENTONCES SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. SU RELACIÓN JURÍDICA CON ESA DEPENDENCIA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y, POR ENDE, ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La función de seguridad pública tiene como finalidad salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; en ese tenor, conforme al artículo 70 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, las instituciones de seguridad pública, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, funciones de investigación, prevención y reacción; asimismo, en términos del numeral 127 del citado ordenamiento legal, para el desarrollo de tales funciones, en especial, para las actividades de prevención del delito y obtención de información, dichas instituciones podrán instalar y operar en lugares públicos, cámaras de circuito cerrado de televisión con propósitos de vigilancia y control de tránsito. Ahora bien, las acciones de videovigilancia, realizadas a través de esas cámaras, guardan relación directa con las tareas de seguridad pública; de ahí que los servidores públicos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, operadores de las cámaras de videovigilancia, al realizar actividades como monitorear éstas, establecer puntos críticos en cada una de ellas, coordinar el ingreso de los incidentes detectados e informar al supervisor sobre incidentes de emergencia prioritaria, por sus funciones, deben considerarse como miembros de una institución policial a la que, en forma general, se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su relación jurídica con aquella dependencia es de naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en tal fracción. PLENO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO.