AUTONOMÍA LEGISLATIVA DEL ESTADO MEXICANO PARA DEFINIR LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO CONFORME A SU RÉGIMEN INTERNO. LOS ARTÍCULOS 7, NUMERAL 2, Y 9 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, IMPLÍCITAMENTE REFRENDAN ESTA FACULTAD.

El instrumento multilateral referido, reconoce plena autonomía legislativa al Estado mexicano para definir las conductas constitutivas de delito conforme a su régimen interno, ya que el precepto 7, numeral 2, de la citada Convención, implícitamente distingue la facultad de los Estados Parte para dictar las leyes restrictivas de la libertad para las personas, por las causas y en las condiciones fijadas de antemano, lo que se reconoce en su artículo 9, en el que subyace la afirmación hacia el legislador del derecho nacional para establecer libremente cuáles son los actos u omisiones que deben considerarse delictivos, siempre que se emitan con base en las exigencias legales internas, en las que se pueden incluir aquellas conductas que produzcan una lesión o un peligro real al bien jurídico que se tutela, lo cual es lógico, porque es facultad del legislador nacional emitir las leyes que protejan a la sociedad, a fin de salvaguardar los bienes jurídicos en los términos que estime convenientes, en la inteligencia de que dicha facultad no significa que su actuar quede exento de control constitucional en caso de que obre en forma arbitraria en perjuicio de los gobernados y que su proceder sea contrario a la vigencia de los derechos humanos en su régimen interno; además, esta interpretación no infringe las reglas contenidas en el numeral 29 del tratado internacional, pues a través de este desarrollo hermenéutico no se permite al Estado Mexicano suprimir o limitar el goce o ejercicio de los derechos y libertades previstos en ella o en las normas mexicanas, ni excluye prerrogativas o garantías inherentes al ser humano que reconoce la nación. PRIMERA SALA