EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.

La interpretación sistemática de los artículos 4 y 52 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, y de su artículo transitorio tercero, lleva a concluir que el Gobierno del Distrito Federal está legitimado (en la causa) para incoar la acción de extinción de dominio, a través de la dependencia que el órgano legislativo local designó para fungir como su representante en este tipo de procesos, esto es, a través del Agente del Ministerio Público de esa institución especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio (legitimación en el proceso). Al respecto, se parte de la base de que la legitimación en la causa es un presupuesto material de la sentencia favorable vinculado a la personería sustantiva y la segunda es un presupuesto procesal referido única y exclusivamente a la capacidad para comparecer al proceso. En ese tenor, si la ley de que se trata dispone en el penúltimo párrafo de su artículo 4, que los bienes cuya propiedad se extinga en el juicio de que se trata se aplicarán a favor del Gobierno del Distrito Federal e incluso se le faculta para hacer los pagos a terceros sobre los gravámenes que pesen sobre el inmueble, la reparación por concepto de daños y perjuicios que pudieran surgir a favor de las víctimas u ofendidos, así como otros gastos derivados de la extinción del dominio, para conservar la propiedad del bien, debe concluirse que es el Gobierno del Distrito Federal el que está interesado en que se estime fundada la pretensión y, por ende, que goza de legitimación activa en la causa. Ahora bien, lo trascendental en este tema es que dicha comparecencia se verifique a través del preciso órgano que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha facultado para tal efecto y que en el caso corresponde al Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio, al que la propia ley le otorga la calidad de parte en el juicio. No obsta a lo anterior, la circunstancia de que ni el artículo 22 ni el 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculten al Gobierno del Distrito Federal para iniciar un procedimiento de extinción de dominio, pues no puede exigirse tal especificidad constitucional, cuando lo ordinario es que la Norma Fundamental no prevea cuestiones de ese tipo, ya que es en las leyes reglamentarias en las que el legislador ordinario despliega sus facultades de creación normativa, entre las cuales está la relativa a regular los asuntos de índole procesal; así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, es precisamente ésta la que reglamenta la instauración del procedimiento de Extinción de Dominio previsto en el artículo 22 constitucional; por lo que si, como se ha dicho, a partir del contenido de esta ley reglamentaria se puede afirmar la existencia de la legitimación en la causa del Gobierno del Distrito Federal, no es trascendente que la Carta Magna no contenga esa disposición expresa si, en su caso, ello corresponde a la libertad de configuración del legislador local. PRIMERA SALA