PREDIAL. EL ARRENDATARIO, EN SU CALIDAD DE POSEEDOR DERIVADO DEL INMUEBLE, NO ES SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO RELATIVO Y, POR ENDE, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO SU SISTEMA NORMATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Doctrinariamente el impuesto predial ha sido clasificado como un gravamen directo, en virtud de que no puede trasladarse a terceras personas, al ser el propietario o poseedor del inmueble quien debe pagarlo; asimismo, se le considera real, ya que grava valores económicos originados en la relación jurídica que existe entre una persona y un bien, por lo que atento a su naturaleza y objeto, sólo puede estimarse como sujeto pasivo del tributo al poseedor originario o a título de dueño, en la medida en que el parámetro adoptado por el legislador para estimar evidenciada una manifestación aislada de la riqueza o capacidad contributiva del gobernado es precisamente el predio y, en su caso, las construcciones adheridas a él debiendo, por ende, atenderse a su titularidad. Ahora bien, aun cuando el artículo 146 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua prevé como sujetos del impuesto predial, a los fideicomitentes o fideicomisarios que estén en posesión de un inmueble en cumplimiento del fideicomiso, así como a los comuneros ejidatarios y avecindados, respecto de las parcelas y lotes de zonas de urbanización ejidal que posean, y a los poseedores que por cualquier título tengan el uso o goce de predios de la Federación, de los Estados o de los Municipios, quienes ejercen una posesión derivada sobre el bien objeto del tributo, debe decirse que se trata de hipótesis jurídicas excepcionales, que no pueden hacerse extensivas al arrendatario, pues las disposiciones legales que contienen los elementos esenciales de una contribución y sus correspondientes excepciones son de aplicación estricta. Por otro lado, el arrendatario tampoco se ubica en el supuesto de responsabilidad objetiva, en el que por deuda ajena, los adquirentes por cualquier título de predios urbanos, suburbanos y rústicos, son responsables de los adeudos que el inmueble reporte por concepto de impuesto predial, ni en los de responsabilidad solidaria, en los que un tercero adquiere concomitantemente con el responsable directo, la obligación de cubrir el importe total del tributo, al no tener el carácter de propietario que hubiera prometido en venta o vendido con reserva de dominio, comisariado ejidal o comunal, servidor público que dolosamente hubiera expedido constancias de no adeudo o hubiera omitido en dos o más ocasiones cobrar el impuesto, causando daños o perjuicios a la hacienda pública municipal, tampoco el carácter de fedatario o registrador que no se hubiera cerciorado del pago del impuesto predial, antes de intervenir, autorizar o registrar operaciones que se realicen sobre los predios. No obsta a lo anterior, que en este último supuesto se incluya al usufructuario, al usuario o al habituario, pues no debe confundirse ese tipo de derechos reales, con los de naturaleza personal derivados de la celebración del contrato de arrendamiento, en tanto que el usufructo, uso y habitación, son concebidos doctrinariamente como la relación jurídica entre una persona y una cosa con motivo del desmembramiento de la propiedad, a diferencia del arrendamiento, entendido como la relación jurídica entre dos personas, en la cual el arrendador está facultado para exigir del arrendatario una prestación de dar, hacer o no hacer; de modo que en el arrendamiento, el bien sólo constituye el objeto material sobre el cual recae la prestación del arrendador, en tanto que en el usufructo, en el uso y en la habitación, el bien es el objeto del derecho respectivo. Consecuentemente el arrendatario, en su calidad de poseedor derivado de un inmueble, no es sujeto pasivo del impuesto predial, en ninguna de sus formas y, por ende, carece de interés jurídico para impugnar, mediante el juicio de amparo, el sistema normativo del tributo, al no estar ubicado en alguno de los supuestos de la norma, ni implicar afectación a su esfera de derechos el eventual pago que por ese concepto llegue a realizar ante la autoridad exactora, al tratarse meramente de un perjuicio económico, pero no jurídico. PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.