ACTOS DE TORTURA. SI EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, SE REVELA LA POSIBILIDAD DE QUE EXISTIERON CONTRA EL COINCULPADO DEL QUEJOSO, QUIEN EN SU CONFESIÓN LO RELACIONÓ CON LOS HECHOS ILÍCITOS MATERIA DE LA CAUSA, DEBE ORDENARSE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DESCARTAR O ESTABLECER LA EXISTENCIA DE AQUÉLLOS, PORQUE ELLO PUDIERA INCIDIR EN EL DEBIDO PROCESO SEGUIDO CONTRA EL QUEJOSO Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO.

Al abordarse para estudio en los juicios del orden penal el tema de la posible utilización de la tortura o malos tratos, habitualmente se ha enfocado únicamente sobre su actualización en el quejoso; sin embargo, tales prácticas indebidas pueden llevarse a cabo no sólo contra el sujeto denunciante de tortura, sino también contra otros, ya sea en calidad de coindiciados o simples testigos, de los que, esencialmente, se pudiera obtener información con un propósito determinado, a saber, imputar a diverso sujeto su intervención en la comisión de un delito. De ahí que si en el amparo promovido contra la sentencia definitiva, se revela la posibilidad de que existió tortura contra el coinculpado del quejoso, quien en su confesión lo relacionó con los hechos ilícitos materia de la causa, debe ordenarse la investigación correspondiente para descartar o establecer la existencia de esos actos, porque ello pudiera incidir en el debido proceso seguido contra el quejoso y trascender al resultado del fallo; máxime si se consideró, para justificar la sentencia reclamada, lo declarado de manera incriminatoria por dicho coinculpado, deposado que posiblemente fue obtenido mediante actos de tortura. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.