DERECHO DE PETICIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAMA SU VIOLACIÓN, POR LA FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE UN TÍTULO DE CONCESIÓN DE AGUAS NACIONALES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA, EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE CONSISTIR EN QUE SE LLEVE A CABO DICHA INSCRIPCIÓN Y SE NOTIFIQUE AL QUEJOSO.

Cuando en el juicio de amparo se reclama la violación al derecho de petición, por la falta de respuesta a la solicitud de inscripción de un título de concesión de aguas nacionales en el Registro Público de Derechos de Agua, el efecto del otorgamiento de la protección constitucional no puede limitarse a que se conteste al quejoso el escrito presentado, sino que debe consistir en que se culmine el trámite; esto es, que se lleve a cabo dicha inscripción y se le notifique, toda vez que el principio de oficiosidad previsto en el artículo 30, párrafo cuarto, de la Ley de Aguas Nacionales, exige que en el procedimiento iniciado por solicitud del particular, las autoridades gestionen e inscriban de oficio las etapas conducentes y cada una debe acreditar haberlo realizado, pues la ley no exige más actividad al promovente. Además, si la petición origina un trámite, en donde intervienen varias autoridades y, en alguna fase de éste, una de ellas no cumple con las obligaciones que le competen, debe considerarse que todas las intervinientes son responsables de dicha irregularidad (omisión de contestar), atento al principio de unidad del expediente administrativo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.