RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD IRREGULAR, SE INTERRUMPE CON LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PRODUJERON LOS DAÑOS PATRIMONIALES, CONFORME AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UNA LEY LOCAL.

El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial al Estado, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause a los particulares. Por su parte, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado prevé que los plazos de prescripción del derecho para reclamar la indemnización, se interrumpirán al iniciarse el procedimiento en que se impugne la legalidad de los actos administrativos que probablemente produjeron los daños o perjuicios. Al respecto, se sostiene que, ante la inexistencia de una ley local, la interrupción a que alude el artículo 25 señalado se origina tanto por la reclamación directa de la responsabilidad, como por las acciones e impugnaciones de legalidad de los actos administrativos que produjeron los daños, por ejemplo, cuando se presenta una denuncia o querella ante la Fiscalía del Estado, por el proceder de elementos policiacos, sin mayor razón, ni con la pretensión de realizar investigaciones de conductas delictivas, aun cuando se reconozca que este tipo de responsabilidad no puede surgir con motivo de la investigación de delitos. Esta interpretación extensiva se origina de la pasividad del legislador del Estado de Quintana Roo, de regular en este aspecto; de otra forma, se anularía el derecho generado con la reforma referida, a pesar del mandato expreso contenido en el artículo único transitorio del Decreto de catorce de junio de dos mil dos, por el que se estableció que las entidades federativas y los Municipios deben expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias para establecer el derecho a la indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.