DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LOS PROGENITORES O FAMILIARES DEL DESAPARECIDO TAMBIÉN TIENEN LA CALIDAD DE QUEJOSOS EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ESOS ACTOS, AUNQUE LA DEMANDA LA HUBIESEN PRESENTADO A NOMBRE DEL DIRECTAMENTE AGRAVIADO.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 161 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009, del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos –al que se acude por reunir los requisitos de su aplicabilidad conforme a la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA."–, sostuvo que en los casos que involucran la desaparición forzada de personas, la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, pues se justifica por el severo sufrimiento que les causa el hecho mismo y la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. Partiendo de esta premisa, si la demanda de amparo y sus ampliaciones se presentaron por los progenitores o familiares a nombre del adolescente que sufrió la desaparición forzada de personas, narrando los inconvenientes que se les presentaron para buscar la reparación por dicha violación, por ejemplo, en las gestiones para que les recibieran la denuncia penal, para que localizaran al desaparecido y lograran la atención médica que requería este último tras haber sido localizado; y si tales hechos también se comprenden como actos reclamados –como omisiones de investigar en las primeras horas el evento– o se atendieron en el juicio de amparo que instaron –mediante la suspensión lograron que se proporcionaran los servicios de salud requeridos–, este contexto evidencia que los citados padres o familiares también tienen la calidad de quejosos y, por tanto, pueden obtener una eventual reparación integral si en la sentencia respectiva se determina la existencia de aquellas ilegalidades. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.