SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ESTÁ OBLIGADA, COMO PARTE DE SU ESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN MATERIA DE JUSTICIA SOCIAL, A AUXILIAR A LAS JUNTAS EN EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS QUE OFREZCAN LOS TRABAJADORES.

Conforme a la Constitución, todas las autoridades deben ajustar su actuación en observancia a los principios rectores de justicia social y protección de la clase menos favorecida, a fin de garantizar y respetar el derecho de los trabajadores a obtener, en caso de una contienda, la posibilidad real y efectiva de litigar con equidad frente al patrón mediante las herramientas y recursos necesarios que sean proporcionados por las autoridades encargadas de la solución de conflictos obrero-patronales. En ese sentido, aun cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social jurisdiccionalmente no es superior jerárquico de las Juntas, en un enfoque administrativo sí le compete coordinar y supervisar su funcionamiento, tan es así que les proporciona recursos humanos y materiales, incluyendo bienes muebles, inmuebles e intangibles, como parte de su deber de coordinar y conducir la política laboral en el Estado, así como proponer y aplicar el desarrollo de sistemas de procesamiento electrónico de datos que coadyuven en la divulgación de información y a la toma de decisiones en materia laboral. En ese tenor, aun cuando en el Estado de Chihuahua no exista un departamento de servicios periciales, la secretaría del trabajo estatal debe contar con las herramientas tendentes al mejor desempeño de las Juntas locales, como parte de la estructura y prestación del servicio público en materia de justicia social; por tanto, dicha dependencia tiene la obligación de proporcionar a la parte trabajadora un experto en medios de información a fin de que pueda desahogar la prueba pericial que oportunamente le fue admitida, conforme al artículo 836-D de la Ley Federal del Trabajo y, de no contar con expertos oficiales en la materia, deberá sufragar el costo de la contratación de los peritos correspondientes, o bien, encauzar la solicitud a una institución o dependencia que cuente con el tipo de técnicos que se requieran. Ello, porque de no atender dichas exigencias, demerita la efectividad de las instituciones del Estado Mexicano, que de acuerdo con el artículo 1o. de la Carta Magna, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentran el debido proceso en su matiz de ofrecer y desahogar pruebas. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.