IMPUESTO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS. LOS ARTÍCULOS 29, 30 Y 31 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO QUE LO ESTABLECEN, NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE LEGALIDAD, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.

El artículo 31 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato establece la base del impuesto por adquisición de vehículos de motor usados, consistente en el precio más alto que resulte entre el valor de la operación y el que fije la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en las tablas de valores que anualmente autorice para este efecto, tomando como referencia los precios comerciales de compra que rijan entre los comerciantes del ramo, o el que determine la propia dependencia mediante avalúo; no obstante, el hecho de que sea la autoridad exactora la que fije y publique ese precio, no lo deja a su arbitrio, en virtud de que necesariamente deberá atender a los factores económicos que incidan en el mercado; por ello, no viola el principio de legalidad tributaria. Por otra parte, el precepto citado y los diversos 29 y 30 del propio ordenamiento son aplicables al universo de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo que prevén, porque todos aquellos que adquieren vehículos de motor usados de personas que no tienen actividad empresarial de enajenación, están sujetos a la misma obligación de pagar el impuesto local, sin distinción; de ahí que respeten el principio de equidad tributaria. Finalmente, se concluye que los artículos citados también son acordes con el principio de proporcionalidad en la materia, ya que la adquisición de un vehículo usado permite evidenciar una cierta capacidad contributiva, aun cuando no se conozca su dimensión exacta ni pueda cuantificarse directa o positivamente, lo cual es innecesario por la naturaleza indirecta del impuesto, que grava la operación realizada porque refleja un movimiento de riqueza que permite suponer que existe un patrimonio que la soporta. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.