EXTRADICIÓN. LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL INCULPADO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE ESTUDIARSE COMO DERECHO HUMANO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 9 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, AUN CUANDO SE TRATE DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO Y NO DE UNO PENAL.

Hechos: En diversos asuntos del conocimiento del Tribunal Colegiado de Circuito, relacionados con el procedimiento de extradición, cobró relevancia establecer si la privación de la libertad de la persona extraditada debe estudiarse como derecho humano, con independencia de que se trate de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no de uno de naturaleza penal. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la privación de la libertad del inculpado derivada del procedimiento de extradición debe estudiarse como derecho humano, en términos de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aun cuando se trate de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no de uno penal. Justificación: Lo anterior, pues de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, siendo que su libertad podrá estar condicionada a las garantías que aseguren su comparecencia en el juicio, y tendrá derecho a recurrir ante un Juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si dichas medidas fueran ilegales. En ese sentido, la privación de la libertad del inculpado derivada del procedimiento de extradición del que es objeto, debe estudiarse como derecho humano en términos de los artículos citados, pues al ser éste de protección superior, jurídica y axiológicamente, su cumplimiento se traduce en proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad y vincula al juzgador de amparo a emitir una resolución completa y acuciosa, aun cuando se trate de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no de un procedimiento penal, pues afecta la libertad personal del quejoso y, por ende, aunque el procedimiento del que emana formalmente sea de naturaleza administrativa, materialmente su contenido es penal, por lo que independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto, si éste tiene como consecuencia la afectación a la libertad personal, resulta procedente su estudio como un derecho humano, toda vez que afecta directamente derechos sustantivos y lesiona derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.