DERECHO DEL MENOR DE EDAD A UN ENTORNO LIBRE DE VIOLENCIA. PARA GARANTIZARLO AL DECRETAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN LAS FRACCIONES III Y IX DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE ATENDERSE AL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PRIVILEGIARSE QUE QUEDE AL CUIDADO DE UN MIEMBRO DE LA FAMILIA NUCLEAR O AMPLIADA Y SÓLO COMO ÚLTIMO RECURSO SU ALOJAMIENTO EN UN LUGAR QUE LE RESULTE AJENO.

Hechos: El quejoso, en representación de sus hijas menores de edad, presentó denuncia por hechos con apariencia del delito de violencia familiar contra la madre de éstas y solicitó la separación inmediata del domicilio y el traslado a refugios y albergues temporales; contra la omisión del Ministerio Púbico de otorgar esas medidas, promovió juicio de amparo indirecto y se concedió la tutela federal. En el recurso de revisión se desestimaron los agravios de la imputada; no obstante, este Tribunal Colegiado de Circuito, de oficio, advirtió incongruencias en los efectos del fallo protector y se precisaron. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para garantizar el derecho de los menores de edad a un entorno libre de violencia, al decretar las medidas de protección previstas en las fracciones III y IX del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede atender al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé la escucha del niño; asimismo, privilegiar que quede al cuidado de un miembro de la familia nuclear o ampliada y sólo como último recurso su alojamiento en un lugar que le resulte ajeno. Justificación: En los casos en que estén involucrados menores de edad, para imponer las medidas de protección consistentes en la separación inmediata del domicilio y el traslado de la víctima u ofendido a refugios y albergues temporales, contenidas en los preceptos invocados, el Ministerio Público debe atender al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia emitido por el Máximo Tribunal, que dispone la participación voluntaria y directa de niñas, niños y adolescentes en el procedimiento judicial en que están inmersos; asimismo, en aras de garantizar su derecho a crecer en un entorno libre de violencia y en respeto al principio de la menor separación respecto de su familia, debe privilegiarse que los menores de edad afectados queden al cuidado de un miembro de su familia nuclear, o bien, de la extensa o ampliada y sólo como último recurso, decretar su alojamiento en un lugar que les sea desconocido. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL NOVENO CIRCUITO.