LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA TIENEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS PARA PROMOVERLO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA QUE RECONOCE LA VALIDEZ DEL ACTO, CONSISTENTE EN LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL QUE RECHAZA PARCIALMENTE LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a consideraciones contrarias con relación a determinar si un organismo público descentralizado tiene o no legitimación para promover juicio de amparo directo contra la sentencia emitida en sede contenciosa administrativa que reconoce la validez del acto, consistente en la determinación de la autoridad fiscal que rechaza parcialmente la devolución del saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado (IVA), pues mientras dos de ellos no advirtieron causa de improcedencia alguna, el otro órgano jurisdiccional decidió que dicho organismo público descentralizado carecía de legitimación para instar el juicio constitucional, porque acude en defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que un organismo público descentralizado tiene legitimación para promover juicio de amparo directo contra la sentencia dictada en sede contenciosa administrativa que reconoce la validez del acto, consistente en la determinación de la autoridad fiscal que rechaza parcialmente la devolución del saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado, al satisfacerse los requisitos previstos por el artículo 7o. de la Ley de Amparo. Justificación: De acuerdo con el artículo 7o. de la Ley de Amparo, y con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las personas morales de derecho público pueden ejercitar, excepcionalmente, la acción constitucional en los casos en que la ley o el acto que reclamen afecten sus intereses patrimoniales, en relaciones en que se ubiquen en un plano de igualdad con los particulares. Consecuentemente, un organismo público descentralizado se encuentra legitimado para promover juicio de amparo directo contra la sentencia dictada en sede contenciosa administrativa que reconoce la validez del acto, consistente en la determinación de la autoridad fiscal que rechaza parcialmente la devolución del saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado, en tanto tiene el carácter de actor en el juicio administrativo y, por lo mismo, está subordinado a ese órgano jurisdiccional, aunado a que su pretensión en el procedimiento no es defender un acto de autoridad, sino proteger sus derechos patrimoniales, debido a que acudió ante la autoridad fiscal como cualquier contribuyente a solicitar la devolución del saldo a favor por concepto del impuesto referido; por tanto, se colman los requisitos previstos por el artículo 7o. de la Ley de Amparo. PLENO REGIONAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS.