DERECHO A LA ASESORÍA JURÍDICA DE VÍCTIMAS MENORES DE EDAD. LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR SU PROTECCIÓN REFORZADA EN EL PROCESO PENAL.

Hechos: En un procedimiento penal tradicional, una persona fue condenada por la comisión del delito de secuestro agravado cometido en contra de una persona adolescente. En segunda instancia, se ordenó la reposición del procedimiento con la finalidad de que se designara una nueva persona asesora jurídica que representara a la víctima. En cumplimiento de esa resolución, la persona juzgadora dictó sentencia absolutoria, pues aunque se acreditó el delito, no se aportaron pruebas suficientes para sustentar la responsabilidad penal. En desacuerdo con esa determinación, la víctima, quien para ese entonces ya era mayor de edad, promovió un juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado de Circuito concedió la protección constitucional y ordenó reponer el procedimiento de primera instancia debido a que la asesoría jurídica de la víctima no cumplió con un estándar mínimo de diligencia, para lo cual el tribunal equiparó el derecho a la defensa adecuada material con el derecho a la asesoría jurídica. Inconforme con esa resolución, las personas sentenciadas interpusieron un recurso de revisión. Criterio jurídico: El derecho a la asesoría jurídica de las víctimas de delito, cuando se trata de una niña, un niño o adolescente, debe garantizarse, por una parte, a través de una persona profesionista en derecho que actúe proactivamente como coadyuvante, incluso ante las deficiencias o la pasividad del Ministerio Público en el ofrecimiento de pruebas para resguardar los derechos de las personas menores de edad a las que representa. Por otro lado, la persona juzgadora debe verificar que, en estos casos, las víctimas cuenten con representación, su opinión sea escuchada y tomada en cuenta, puedan participar en la etapa probatoria y tengan una asesoría jurídica eficaz que actúe acorde con los intereses de sus representadas, con lo cual se garantiza una protección reforzada de los derechos de las víctimas menores de edad en el proceso penal atendiendo al interés superior que les asiste. Justificación: En los procedimientos penales en los que la persona víctima del delito es una niña, niño o adolescente, conforme a los principios de interés superior de la niñez, de debida diligencia y de enfoque diferencial y especializado, el derecho a la asesoría jurídica debe garantizarse bajo un estándar reforzado en el que deben seguirse los siguientes lineamientos. Respecto de la persona asesora jurídica: a) debe tratarse de profesionista en derecho y brindar asistencia en todas las etapas procedimentales en las que intervenga; b) su labor evite la revictimización; c) debe actuar proactivamente en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, especialmente cuando de una revisión objetiva del asunto advierta que las pruebas ofrecidas por la fiscalía son claramente insuficientes para sustentar la acusación, de manera que sea razonable advertir que el desarrollo del proceso será infructuoso para los intereses de la víctima menor de edad; d) también debe mostrar una conducta proactiva respecto de los elementos de prueba para resguardar los derechos que asisten a las víctimas menores de edad, de manera que si el Ministerio Público no ofrece pruebas, la pasividad de la persona asesora jurídica representaría un obstáculo para el ejercicio de los derechos de la víctima niña, niño o adolescente, por lo que, en un caso así, no debe depender de su conducta pasiva la omisión del desahogo de una prueba relevante para el proceso, pues podría vincularse el resultado de un fallo absolutorio con el mal desempeño de su función. Por otra parte, el órgano jurisdiccional, como rector del procedimiento penal, tiene la obligación de verificar que en cada caso en el que una niña, un niño o adolescente figure como víctima de un delito, se encuentre debidamente representado; conozca cada una de las actuaciones de la parte imputada, la defensa y el Ministerio Público; esté en posibilidad de exponer libremente su opinión y que ésta se tome en cuenta; tenga oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas por conducto de su representante; y que la persona asesora jurídica desarrolle una conducta activa acorde con los intereses de las víctimas a las que representa. Lo anterior no significa que en todos los casos en que existan víctimas que sean niñas, niños o adolescentes, la persona asesora jurídica esté obligada a ofrecer elementos de prueba para considerar que dicha asistencia fue efectiva y reforzada, sino que dependerá de las particularidades de cada asunto cuando se parta de circunstancias excepcionales que hagan evidente que la víctima menor de edad se verá afectada ante la deficiencia en la función acusadora del Ministerio Público, de tal forma que sea patente que la conducta pasiva por parte de la asesoría jurídica sea un factor que contribuya a la emisión de la sentencia absolutoria. PRIMERA SALA.