PRUEBA CONFESIONAL POR POSICIONES EN AMPARO INDIRECTO. SU INADMISIBILIDAD ES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL.

Hechos: En amparo indirecto se ofreció la prueba confesional por posiciones y la persona juzgadora negó su admisión al estar prohibida por el artículo 119, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En el recurso de queja la persona oferente impugnó la constitucionalidad del referido precepto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la inadmisibilidad de la prueba confesional por posiciones en amparo indirecto es convencional y constitucional. Justificación: Conforme a la tesis aislada 2a. XXXVII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las razones que el legislador federal tuvo para limitar la admisión de la referida prueba, entendida como la confesión expresa o confesión judicial provocada, consisten en la observancia de los principios de igualdad procesal entre las partes en el ofrecimiento de pruebas, idoneidad del instrumento probatorio y excepcionalidad en la procedencia del juicio de amparo. Si alguna de las partes fuese la absolvente, la prueba de posiciones no podría practicarse, ya que un hecho sobre el cual versará la confesión es susceptible de realizarse por diferentes órganos del Estado sin ser, por ende, exclusivamente propio del confesante. Debe atenderse a la imposibilidad de que cualquier autoridad recuerde con precisión y exactitud todas y cada una de las circunstancias en que se haya efectuado el acto reclamado, dada la multitud de casos y actos de que conoce y emite en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conclusión que debe hacerse extensiva en favor de las personas quejosa o tercera interesada, con apoyo en el principio de igualdad de oportunidades. Lo que pretende dilucidarse con el ofrecimiento de la absolución de posiciones consta generalmente en documentos públicos, los cuales de conformidad con la ley, tienen eficacia plena. La prohibición de admitir la confesional por posiciones en el juicio de amparo encuentra justificación constitucional y legal en la medida en que con ello se evita que las partes estén en aptitud de interrogarse entre sí, afectando la igualdad entre ellas, así como la excepcionalidad y equidad procesal en la tramitación del amparo, cuyo material probatorio se constriñe a las pruebas que obran ante la autoridad responsable, en el entendido de que no se tomarán en cuenta aquellos elementos de convicción que no hubiesen sido rendidos previamente ante ésta, sino cuando excepcionalmente no hubiesen tenido oportunidad de hacerlo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.