DELITOS SEXUALES COMETIDOS EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. SON VÁLIDAS LAS PRUEBAS RECABADAS POR UN MINISTERIO PÚBLICO DISTINTO AL DEL LUGAR DE LOS HECHOS, AUN CUANDO HUBIERA DECLINADO SU COMPETENCIA.

Hechos: Una pareja, durante el matrimonio, procreó a dos hijos. Años después se divorciaron, la madre se mudó con sus hijos a la Ciudad de México y acordaron que el padre visitaría a los niños los fines de semana y que podría llevarlos a su domicilio en Guanajuato. Posteriormente, por conducto de una psicóloga, la madre se enteró de que sus hijos posiblemente sufrieron violencia sexual por parte de su padre en Guanajuato. En virtud de lo anterior, la madre denunció los hechos en una fiscalía de la Ciudad de México, en donde residía con los niños. Una agente del ministerio público de dicha entidad inició una carpeta de investigación, en la cual recabó distintos datos de prueba. Después, la agente ministerial declinó competencia a favor de la fiscalía de Guanajuato, por ser la entidad federativa en donde ocurrieron los hechos. Más tarde, la madre ofreció nuevos datos de prueba, relacionados con los mismos hechos en la fiscalía de la Ciudad de México, por lo que la agente del ministerio público ordenó su recepción. Luego, remitió la totalidad de la carpeta de investigación a la fiscalía de Guanajuato para continuar con la indagatoria. En la audiencia inicial, un juez de control declaró nulos todos los datos de prueba recabados por la agente del ministerio público de la Ciudad de México, incluidos aquellos recabados con anterioridad a la declinación de competencia, debido a que los hechos no ocurrieron en dicha entidad. Ante la nulidad de todos los datos de prueba, el juez de control determinó no vincular a proceso al progenitor, lo cual fue confirmado en apelación. En contra de la resolución de segunda instancia, la madre promovió un juicio de amparo indirecto, en el que alegó que no se debió declarar la nulidad de los datos de prueba y, por tanto, que era inconstitucional el auto de no vinculación a proceso. El Juzgado de Distrito le concedió el amparo para que se volviera a analizar la totalidad de los datos de prueba recabados en la Ciudad de México a la luz de la doctrina de descubrimiento inevitable. Inconforme, la madre presentó un recurso de revisión en el que señaló que el juez de amparo no tomó en cuenta el interés superior de los infantes y convalidó las violaciones a derechos humanos cometidas en su perjuicio. Por su parte, el padre interpuso un diverso recurso de revisión en el cual manifestó que la fiscalía de la Ciudad de México actuó de forma parcial y que era innecesario analizar los datos de prueba declarados nulos. Finalmente, ambos recursos fueron atraídos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución. Criterio jurídico: La incompetencia legal por territorio de un ministerio público para investigar delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes no afecta la validez de los datos de prueba que recabe con motivo de la recepción de la denuncia. La validez de esos datos tampoco se ve afectada cuando su obtención ocurre con posterioridad a la remisión de la carpeta de investigación a la autoridad ministerial competente, pues la autoridad ministerial tiene el deber de recabar y preservar los datos relevantes atendiendo al interés superior de la infancia, lo que implica tomar en cuenta su edad, grado de madurez y desarrollo, para permitir que el infante declare en la forma que elija, a la brevedad posible y en condiciones adecuadas para participar en el procedimiento penal. Lo anterior con el objeto de evitar dilaciones innecesarias que pudieran generar una revictimización o inhibir que declare con posterioridad, derivado de los impactos graves y traumáticos que generan los delitos sexuales en su integridad física y psíquica. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado C, fracciones II, III y V, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 212 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la actividad investigadora inicia por virtud de una denuncia o querella, la cual detona la obligación del ministerio público de iniciar una investigación sobre los posibles hechos ilícitos. Tratándose de niñas, niños y adolescentes que denuncian actos de violencia sexual, conforme al interés superior de la niñez reconocido en los artículos 4o. de la Constitución Política del país y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el ministerio público tiene el deber reforzado de recibir la denuncia de manera inmediata, brindar medidas de atención médica y psicológica integral urgente, así como recabar los datos de prueba necesarios para esclarecer la posible comisión del delito, con independencia de que los probables hechos delictivos hubieran ocurrido en un lugar diverso al de su competencia. Lo anterior, también será aplicable en aquellos casos en los que la autoridad ministerial reciba los datos de prueba con posterioridad a haberse declarado incompetente, por razón de territorio, y haya ordenado remitir la carpeta de investigación a la fiscalía en donde ocurrieron los hechos conforme al interés superior de la niñez, pues si la entrevista investigativa se realiza desde un primer momento podrían ser innecesarias más comparecencias de la víctima menor de edad. Para ello, el ministerio público debe tomar en consideración su edad, su grado de madurez y su desarrollo, a efecto de evitar su revictimización con acciones dilatorias o repetitivas que puedan inhibirle de presentar sus denuncias, o bien, acrecentar las dificultades que entraña declarar sobre actos de violencia sexual, lo cual podría terminar por fomentar la impunidad en esta clase de delitos. En consecuencia, al resolver sobre la situación jurídica de la persona imputada, el juez de control no debe declarar inválidos, nulos o ilícitos los datos de prueba recabados por un ministerio público bajo el argumento de que se obtuvieron fuera de su competencia territorial cuando se trata de una investigación instaurada por la posible comisión de hechos delictivos en contra de niñas, niños y adolescentes. PRIMERA SALA.