INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. LA SOLICITUD DE ESA MEDIDA DELEGADA A DISTINTAS UNIDADES MINISTERIALES DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, VULNERA EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, por considerar que algunas de sus normas son contrarias a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, al establecer que la solicitud de la medida de intervención de comunicaciones privadas puede delegarse en distintas unidades ministeriales. Criterio jurídico: Los artículos 17, inciso A), fracción XXX y 23, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, al prever que la persona titular de la Fiscalía relativa delegue en distintos funcionarios de su institución la facultad de solicitar a la autoridad judicial federal la intervención de una comunicación privada, trasgreden el párrafo décimo tercero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: El artículo 16, párrafo décimo tercero, de la Constitución Federal dispone que la solicitud de intervención de comunicaciones privadas recae exclusivamente en: a) la autoridad federal que faculte la ley; y b) el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, de lo que se concluye que no están facultadas autoridades ministeriales distintas para solicitar la realización de ese acto de investigación. Al respecto, los artículos 17, inciso A), fracción XXX y 23, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, disponen que la solicitud que dicha Fiscalía puede hacer a la autoridad judicial federal para intervenir comunicaciones privadas es una facultad delegada en sus unidades de investigación, acusación y procesos. En ese sentido, la facultad de pedir esa medida no puede ser delegada en autoridades ministeriales de menor rango, pues las unidades de investigación, acusación y procesos, conforme a los artículos 14, fracción II, incisos a), b) y c), 15 y 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía citada, son órganos ministeriales cuya competencia es distribuida territorialmente y son los encargados de investigar hechos relacionados con el delito de corrupción. Por lo tanto, los artículos 17, inciso A), fracción XXX y 23, fracción XIII, de la referida Ley Orgánica, vulneran el artículo 16, párrafo décimo tercero, de la Constitución Federal. PLENO.