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📜 Doctrina histórica — 8a. ÉpocaEsta tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación antes de la época contemporánea. Se reproduce tal como aparece en la fuente oficial. Verifica su vigencia como precedente contra el corpus reciente.

P./J. 29/92JurisprudenciaHistórica8a. ÉpocaS.C.J.N.

Registro digital (IUS): 205632
Clave de tesis: P./J. 29/92
Tipo: Jurisprudencia
Época: 8a. Época
Instancia: S.C.J.N.
Fuente: [J]; 8a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Núm. 57, Septiembre de 1992; Pág. 15

FRACCIONAMIENTOS. EL ARTICULO 77, FRACCION III, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA, NO VIOLA LA GARANTIA DE LIBRE CONCURRENCIA QUE PREVE EL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL.

[J]; 8a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Núm. 57, Septiembre de 1992; Pág. 15

El segundo párrafo del artículo 28 constitucional prohibe todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que, de cualquier manera, eviten la libre concurrencia o la competencia entre sí y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Ahora bien, la limitación que impone el artículo 77, fracción III, de la Ley de Fraccionamientos del Estado de Puebla, no implica que se excluya a los fraccionadores de la libre concurrencia ni establece un monopolio para éstos, puesto que cualquier persona que reúna los requisitos para ser fraccionador autorizado por el Gobierno del Estado, puede dedicarse a esa actividad celebrando contratos de compraventa a plazos de casa habitación así como de terrenos para la construcción de casa habitación. Por otro lado, que los fraccionadores no puedan pedir la rescisión del contrato a los compradores en caso de falta de pago o de incumplimiento de sus obligaciones, no perjudica a una sola clase de fraccionadores. Además, los fraccionadores no quedan desprotegidos, puesto que el propio precepto impugnado establece que el vendedor puede exigir del comprador el pago de lo que se adeude y, en su caso, el cumplimiento forzoso de sus obligaciones.

Precedentes

Recurso de revisión en el amparo directo 6751/85. Sercomín, S.A. 18 de enero de 1990. Mayoría de dieciocho votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Sergio Novales Castro. Recurso de revisión en el amparo directo 5415/85. Sercomín, S.A. 11 de octubre de 1990. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Mario Alberto Adame Nava. Recurso de revisión en el amparo directo 5520/85. Sercomín, S.A. 11 de octubre de 1990. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Luis Fernández Doblado. Secretaria: Antonia Herlinda Velasco Villavicencio. Recurso de revisión en el amparo directo 1035/86. Sercomín, S.A. 1o. de abril de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Recurso de revisión en el amparo directo 1050/86. Sercomín, S.A. 1o. de abril de 1992. Mayoría de quince votos. Ponente: Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez. Secretario: David Olvera Díaz. El Tribunal Pleno en su Sesión Privada celebrada el miércoles nueve de septiembre en curso, por unanimidad de diecisiete votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Noé Castañón León, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número 29/1992, la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. Ausentes: Santiago Rodríguez Roldán, Felipe López Contreras, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. México, D.F., a 11 de septiembre de 1992.